El 17 de junio de 2019 la familia de una niña de diez años que estudiaba en la escuela Font de l’Alba de Terrassa (Barcelona) interpuso ante los Mossos d’Esquadra una denuncia. El motivo fue que una profesora «increpó y zarandeó» a su hija y la humilló delante de sus compañeros de cuarto de primaria por haber pintado en su trabajo de fin de curso una bandera española junto a la frase «¡Viva España!».
El Departamento de Educación de la Generalitat tardó cinco días en posicionarse y en negar que la profesora tuviese intencionalidad política en la agresión y en descartar que no hubo maltrato físico. Aunque sí confirmó que esta maestra expuso su trabajo ante todos sus compañeros de clase y expulsó a la niña, sola, al pasillo.
La consejería autonómica de Educación se limitó a abrir un expediente a la profesora porque los hechos podrían constituir una falta leve. ¿Qué hubiera pasado si un alumno hubiera sido agredido y enviado al pasillo por haber dibujado una estelada junto a la frase “Visca Catalunya Lliure!”. ¿La Generalitat habría actuado igual? Ustedes y yo sabemos la respuesta: ese profesor habría sido masacrado por la maquinaria administrativa del gobierno autonómico catalán.
Un juez de Terrassa absolvió en marzo de 2022 a la profesora dado que el tribunal consideró que «no se considera probado que la acusada tuviera intención de menoscabar, con ninguno de sus actos, la integridad física de la menor ni causarle algún tipo de perjuicio”. Pero las investigaciones sí que probaron que la agresión existió, dado que el 28 de septiembre de 2021, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó que los hechos no constituían «un delito de odio» pero sí abrían la puerta a un «delito leve por lesiones» ya que reconoce que la profesora sí agredió a la alumna, aunque añade que fueron «unos hechos puntuales, ocasionales, en un momento de tensión y en el ámbito docente».
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