La reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar el nuevo escenario que se abre en Cataluña tras la investidura de Quim Torra, sirvió para que tanto el gobierno como el PSOE hayan acordado vigilar que los recursos públicos de Cataluña no se destinen a fines que se se encuentren fuera de la legalidad.
«El Gobierno y ambas formaciones políticas acordaron que la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos, en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015″, reza un comunicado enviado por el Gobierno.
«Dada la situación creada con la investidura del nuevo President de la Generalitat, su discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas, el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria frente a cualquier eventual desafío», añade el texto.
Tanto el Gobierno como el PSOE han manifestado que el acuerdo está abierto a todas las fuerzas políticas constitucionales que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Así como a cualquier otra formación política que «desee mostrar su compromiso con nuestras instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico«, afirmaron en el comunicado.
Antes de la reunión, el PSOE había avanzado que Sánchez tenía intención de mantener su apoyo al Gobierno ante cualquier ilegalidad que pueda repetirse en Cataluña en esta nueva etapa.
Aunque al mismo tiempo su intención era reclamar a Mariano Rajoy que ponga en marcha alguna «respuesta política» ante el reto independentista.
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