Societat Civil Catalana exige la retirada de la vía pública de todos aquellos símbolos partidistas que representan una reivindicación secesionista que no contempla ni la Constitución, ni el Estatut de Catalunya y que, además, la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha prohibido, mediante una sentencia, por considerar que rompen con la neutralidad institucional.
Ante esta situación, la entidad ha elaborado un requerimiento con el fin de que los ciudadanos que quieran puedan denunciar la presencia de estos símbolos independentistas en el espacio público.
En el documento están redactados los motivos por los que se desea presentar la denuncia en el ayuntamiento que corresponda, y sólo se tiene que cumplimentar con los datos personales del denunciante.
La entidad considera que, además de la ilegalidad de estos símbolos, también generan tensión, ruptura y división entre catalanes.
La vía pública debe ser un espacio en el que reine la convivencia, la concordia y el respeto y no un escenario para que se lo apropien aquellos catalanes que quieren separar Cataluña de España, mediante la exhibición de estos elementos y de proclamas como “els carrers seran siempre nostres (las calles siempre serán nuestras)”.
Cada ciudadano es libre de defender la postura política que considere, pero en ningún caso esta opinión se debe imponer al resto de la población, inundando la vía pública con símbolos que reflejan su pensamiento y esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en toda Cataluña en este momento.
La entidad sostiene que resulta vergonzoso ver cómo los defensores del secesionismo, cuyos representantes se caracterizan por tomar decisiones al margen de la ley, están ocupando todo el espacio público con simbología separatista.
Este tipo de acciones tienen como claro objetivo la imposición de sus ideas, un método propio de un régimen totalitario y totalmente opuesto a lo que establece nuestro sistema democrático.
Por otro lado, Societat Civil Catalana lamenta profundamente que la Associació de Municipis per la Independència haya hecho un llamamiento a no acatar la sentencia del TSJC. Se trata de una decisión completamente irresponsable que contribuye, una vez más, a la desobediencia y al fomento de la división de la sociedad catalana.
En este sentido, la entidad recuerda que el poder judicial es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de un marco que legal que nos representa a todos. En este sentido, una asociación como la AMI debería caracterizarse por actuar a favor de la democracia en vez de realizar una incitación constante a la imposición de ideas.
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