Terrassa, la dualidad socialista entre constitucionalismo y separatismo

Ayuntamiento de Terrassa

El PSC padece cierta dualidad. Miquel Iceta ha dejado entrever que si Ada Colau facilita la organización de la consulta ilegal, este partido podría plantearse dejar el gobierno municipal de Barcelona. Pero en cambio su agrupación de Terrassa está facilitando que la cuarta ciudad de Catalunya en número de habitantes esté en manos del separatismo. El pasado 23 de julio de 2015 se aprobó que el municipio se adhiriera a l’Associació de Municipis per la Independencia (AMI) gracias a ERC-MES, CiU, CUP y el voto favorable de 7 regidores del PSC de los 9 que tiene en el consistorio.

Pese a eso, dentro de la política de una de cal y una de arena, el Ayuntamiento de Terrassa condiciona la colaboración del consistorio en la consulta ilegal del 1 de octubre a que el secretario municipal elabore un informe que corrobore que los funcionarios no correrán ningún peligro al actuar sin cobertura legal.

En concreto, el acuerdo aprobado en la última junta de portavoces, celebrada el 29 de junio, con los votos únicamente del PSC, dice “constatar que no hay democracia ni Estado de Derecho sin respetar la legalidad, exigir a la Generalitat de Cataluña que en el supuesto de que el Gobierno pida la colaboración de esta institución lo haga de forma oficial y por escrito, con la firma del responsable que corresponda, solicitar al secretario de esta corporación un informe escrito y firmado sobre la participación del consistorio en el referéndum, y proteger a los funcionarios de este ayuntamiento para que no tengan que colaborar en el ejercicio  de las funciones públicas en ninguna iniciativa que no tenga cobertura legal”.

Sobre la política seguida por el Alcalde en estos temas el portavoz de Ciutadans en el consistorio de Terrassa, Javier González, ha manifestado a elCatalan.es que “la adhesión a la AMI comporta asumir unos estatutos que van más allá del que tendría que suponer la adhesión a una asociación de ámbito municipal que tuviera como objetivo mejorar la gestión de los ayuntamientos y establecer un aumento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

“Más bien al contrario, la AMI comporta colocar nuestra ciudad en el mapa del separatismo”, afirma. “Entendemos que en Terrassa el debate de la adhesión a la AMI ha generado bastante controversia para que el PSC lo ha usado de manera frívola, anteponiendo su interés partidista al interés general”, concluye.

González ha remarcado que “el alcalde ha manifestado que él no es nadie para impedir que nadie vote, y que hará lo que diga el Secretario, una obviedad. Pero a nosotros lo que nos parece es que con alcaldes como él el independentismo no necesita más amigos”. “Pero no es la primera vez”, según aporta el concejal de Ciutadans, “Jordi Ballart, del PSC, ha defendido el derecho a decidir, ha incluido a Terrassa en la AMI, puso trabas al bilingüismo institucional, retiró el busto del rey cuando se lo pidió ERC y luego lo devolvió al salón de plenos con una nota ridícula al pie del mismo que decía que su presencia obedece a un imperativo legal”. Todo de la mano del PDeCAT, que es su socio de gobierno.

Jordi Ballart, alcalde socialista de Terrassa durante un acto con bomberos. Foto: Banc de Sang y Teixits

El regidor del PPC Alejandro Rodríguez considera que “hay una indefinición del PSC respecto la independencia: “El consistorio ha vendido la ciudad por un pacto con el PDeCAT que ha hecho que Terrassa se una a la AMI”. En este sentido, el PPC solicitan que “no se ceda ninguna instalación, ni se destine personal municipal, ni ningún recurso económico para que se celebre el posible referéndum del 1 de octubre”.

Las fuerzas políticas pro consulta han manifestado en cambio, que van a seguir luchando para que en Terrassa pueda tener lugar el referéndum ilegal.

En el pleno del 29 de junio el segundo teniente alcalde en el consistorio de Terrassa, Miquel Sàmper, del PDECAT, manifestó que su partido “tiene muy claro el pacto que llegamos con el PSC y el objetivo prioritario que tenemos a día de hoy, además de las tareas de nuestros tres regidores como miembros del gobierno, es que la gente de Terrassa vote el 1 de octubre como si fueran unas elecciones normales, con todas las garantías”.

Sàmper remarcó que “igual que somos capaces de criticar que se haga una querella contra la Consejera de Gobernación Meritxell Borrás, todavía no tenemos nada que demuestre si el referéndum es legal o no”.

El portavoz de ERC Isaac Albert dijo en dicho pleno que “nosotros estaremos junto al gobierno e intentaremos ponerlo fácil para que esta ciudad pueda votar”. “La historia juzgará las decisiones que tomemos en estos momentos, esto no va de siglas y no va de partidos, va de personas”.

El portavoz de Terrassa En Comú, Xavier Matilla, aseguró también en el pleno que “en Cataluña hay un 80% que quiere decidir el futuro político del país”. “Sé perfectamente que esta demanda es legítima y legal; los pocos apoyos internacionales que hay seguramente se han hecho gracias al trabajo de los Comunes”, afirmó. “En estos momentos en el Estado español se vive una mala convivencia entre territorios que nunca se había vivido antes; todo es mérito del PP, por negar la plurinacionalidad y tener como objetivo esconder su corrupción”

El quinto teniente de alcalde y regidor del PSC, Amadeu Aguado, dijo en dicha reunión que “el PSC es un partido federalista que reclama la reforma de la Constitución para andar hacia el Estado federal”. Aguado se ha preguntado “si, con la legalidad en la mano, el alcalde es alguien para impedir que la gente vote”.

Según Aguado, “el gobierno de Terrassa lo conforman un partido federalista y un partido independentista, dos ideologías legítimas y defendibles. El PSC ha estado en la mesa del derecho a decidir de Terrassa y nuestro alcalde siempre ha dicho que respetará la legalidad, y que no es nadie para impedir que la gente vote si es legal”.

La regidora de la CUP Maria Sirvent opinó durante el cónclave municipal que “parece increíble que la dictadura no haya acabado, nosotros sólo pedimos votar y ejercer el derecho de autodeterminación de los pueblos”. La ‘cupaire’ cree que “esto está despertando un conflicto importante que parece de otra época”. “Nosotros queremos tener la garantía de que el 1 de octubre tendremos los mecanismos para poder ejercer nuestro derecho a voto”, constató.

“No estamos conformes con esta transición mal hecha, no aceptamos la herencia del franquismo como propia, ni la sumisión como pueblo; lo que vosotros llamáis Estado de Derecho nosotros lo consideramos un Estado de Excepción, un Estado que recorta brutalmente en derechos y no garantiza ni las condiciones mínimas del Estado del Bienestar”, aseguró Sirvent.

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