Pedro Sánchez necesita que le informen

Dice Pedro Sánchez que quiere ser el primer presidente que le dé al uso del catalán, el euskera y el gallego la misma importancia que a la del castellano, ignorando que no son los políticos los que dan o quitan peso al uso de las lenguas, sino los hablantes; de la misma manera que el peso de los partidos políticos no depende de otra cosa que de los ciudadanos que les votan.

El castellano o español es la lengua materna de la inmensa mayoría de los españoles, no solo en el conjunto de España, sino también en esas mismas comunidades en las que se hablan otras lenguas. Parece de justicia que la lengua mayoritaria, conocida por todos y propia de más de un 80% de los españoles goce de un estatus especial, el de lengua común.

Pretender que las lenguas regionales han de estar a la par que el español es una aberración. Supone una injusticia manifiesta no solo porque no respeta el respectivo peso demográfico de las lenguas españolas, sino porque además margina a otras arbitrariamente. ¿En qué criterios fundamenta Pedro Sánchez su exclusión del bable, el valenciano, las modalidades baleares, el aragonés, el aranés… y vaya usted a saber qué otras hablas que pudieran reivindicarse como lenguas propias ahora o en futuro? Pero, además de una injusticia, acabar con la lengua común sería un inmenso error que privaría a España de un medio de comunicación práctico y eficaz como aquel del que disponen la mayoría de países de nuestro entorno.

El uso de las lenguas regionales debe, sin duda, estar protegido en sus ámbitos geográficos, y lo está sobradamente pues tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía brindan un amparo más que suficiente a sus hablantes para ejercer sus derechos lingüísticos.

Ah, no, para Pedro Sánchez esto no es suficiente. Según él, cualquier persona debe poder dirigirse y ser atendida en euskera, catalán o gallego por la administración central, multiplicándose así el número de traductores y de horas invertidas en el aprendizaje de lenguas que carecen de hablantes fuera de su ámbito geográfico.

Muy escrupuloso resulta el señor Sánchez en la defensa de los derechos lingüísticos de estos ciudadanos. Sorprende, sin embargo, que el señor Sánchez no haya manifestado nunca (pero nunca es nunca, oiga) ninguna preocupación por la situación que viven los hispanohablantes en esas comunidades. Quizá, el señor Sánchez ignora que son precisamente estos ciudadanos los que con más razón pueden hablar de vulneración de derechos lingüísticos.

Sucede que el señor Sánchez solo se informa por boca del secretario general de los socialistas catalanes, partido que lleva desde los inicios de la transición anteponiendo los intereses del nacionalismo a los intereses sociales y culturales de los trabajadores a los que dicen representar. Como buen socialista, el camarada Sánchez debiera saber que la alienación de la clase obrera no solo consiste en que le sea arrebatado el fruto de su trabajo, sino también sus raíces culturales, su identidad lingüística, para sustituirla por la lengua de la tierra —de los amos de la tierra, diría yo—.

Pedro Sánchez debiera saber que en Cataluña no se puede estudiar en español y que los padres que se atreven a reclamar ese derecho han de recurrir a los tribunales y padecer el acoso de los fanáticos del nacionalismo. Pedro Sánchez debiera saber que en Cataluña no existe libertad para rotular un negocio en la lengua de la mayoría de la población, que es el español. Pedro Sánchez debería venir a Castelldefels y hablar con los padres del colegio Guinovart, repudiados, acusados de acoso judicial por la alcaldesa de su partido en ese municipio, María Miranda, para vergüenza de cualquier socialista con principios democráticos.

Quizá, si Pedro Sánchez hablara con alguien más que el señor Iceta, sabría en qué consiste realmente la vulneración de los derechos lingüísticos y quiénes son sus verdaderas víctimas.