Impulso Ciudadano y la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) han analizado las instrucciones de las Consejerías de Educación de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) que se han dictado con motivo de la suspensión de la actividad educativa presencial en los centros docentes a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y pone de manifiesto las siguientes CONCLUSIONES:
1. Se ha constatado una falta de coordinación y de directrices comunes dadas a los docentes de toda España.
Mientras en unas comunidades se suspende el desarrollo del curso de manera explícita, ordenando a los docentes la paralización del proceso de aprendizaje y evaluación y limitando la labor pedagógica al mantenimiento de la actividad de los estudiantes (Cataluña) en otras se insta explícitamente al desarrollo del currículo y a la continuidad normal del curso a través de medios telemáticos, e incluso a no paralizar las actividades lectivas y adecuar las programaciones didácticas y los criterios de calificación (Madrid, Castilla y León, Extremadura), o avanzar en los contenidos educativos de cada nivel (País Vasco).
2. La descoordinación conlleva desigualdad en la formación educativa de los alumnos
La evidente descoordinación de las medidas previsiblemente tendrá como resultado la desigualdad en la formación educativa de los alumnos a final de curso dependiendo de la Comunidad en la que cursen sus estudios. A excepción de Aragón, con unas directrices más imprecisas al respecto, las CCAA se dividen en dos bloques en relación a la adopción de dos criterios básicos:
a) Avanzar contenidos y dar la mayor continuidad y normalidad posible al proceso de aprendizaje. Es la solución mayoritaria, adoptada en Andalucía, Castilla y León, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Navarra, Extremadura o País Vasco.
b) Refuerzo y consolidación sin avance de contenidos. Es el caso de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja o Asturias.
3. La digitalización sin alternativas ahonda la desigualdad entre los alumnos
La brecha digital en la situación actual se agrava ante la desigualdad en el acceso a los medios telemáticos entre las familias, ya que unas disponen de estos medios digitales y otras no. La mayoría de las CCAA sólo contemplan en sus instrucciones la vía digital para recibir la formación. Sólo las Consejerías vasca y navarra prevén la obligación de poner los medios del centro a disposición de las familias y la impresión y entrega de los trabajos a realizar. Otras muchas no plantean esta cuestión o dan como solución la paralización del curso. Esta es la solución adoptada, entre otros, por el Departamento de educación catalán, que ante esta posible desigualdad, establece a los docentes la prohibición de avanzar contenidos y calificar, en vez de establecer los medios para que el avance en contenidos y calificación de la totalidad de alumnos sea posible.
4. El Ministerio de Educación debe garantizar la calidad y equidad del sistema educativo para todo el alumnado.
En conclusión, de alargarse esta situación hasta final de curso, cosa no imposible a la vista de la evolución de la pandemia, se podría dar la situación de que mientras en algunas CCAA los alumnos finalizarían y acreditarían el curso de manera adecuada dentro de la situación excepcional, en otras se habría dado este curso por perdido al ordenarse la no calificación de las actividades de los alumnos ni el avance en contenidos, provocando, como consecuencia, la suspensión de facto del proceso de evaluación.
La AEB e Impulso Ciudadano han dirigido una carta al Ministerio de Educación expresando su preocupación sobre la continuidad del curso y reclamando:
a) Que ponga fin a esta situación de falta de asistencia, descoordinación y desigualdad entre docentes y alumnos de las distintas CCAA.
b) Que tome la iniciativa dictando unas directrices comunes para todas las CCAA indicando los objetivos del proceso educativo durante el estado de alarma y los criterios comunes a tener en cuenta al desarrollar las actividades curriculares dentro de cada autonomía. No hacerlo supondría una dejación de funciones y establecer las bases para una nueva situación de desigualdad entre los alumnos dependiendo de la comunidad autónoma en que residan.
c) Que cumpla lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que dispone que el sistema educativo español se configura de acuerdo con los valores de la Constitución y se asienta en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella. En este sentido, se inspira entre otros, en el principio de calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. Y también en el principio de equidad, que obliga a las Administraciones educativas a garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
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