La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha remitido al alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, y a los comisarios Didier Reynders y Vera Jourova, de Justicia y Democracia, respectivamente, las últimas informaciones referidas al caso Voloh que se está instruyendo en el Juzgado Número 1 de Barcelona sobre los contactos entre el independentismo catalán y el entorno de Vladimir Putin y sus actuaciones en los ataques al estado de derecho de 2017.
En su carta, Pagaza pide expresamente a la Comisión que analice el grave contexto expresado dentro de los trabajos en curso sobre la legislación española de Amnistía sobre la que se va a pronunciar. Asimismo, recuerda que la Comisión especial del Parlamento Europeo sobre injerencias extranjeras advirtió del riesgo para el Estado de derecho en la Unión Europea a la luz de las amenazas híbridas.
Rusia destacó claramente como agente de injerencia y desinformación dañosa también en España, donde se confirmaron relaciones del entorno de Putin con los hechos delictivos graves antes y después de 2017 en Cataluña. “Todas las informaciones del caso Voloh forman un puzzle conformado con herramientas híbridas, plurales y en diferentes niveles”, plantea Pagaza.
El análisis del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), radicado en Finlandia, indicó en abril de 2023 que un «enfoque integral capaz de identificar las conexiones entre todos los espacios y capas del ecosistema habría permitido comprender lo que sucedía, poner fin a la injerencia y anticipar futuros ataque”.
“Es importante por tanto analizar las lecciones de estos hechos concordantes y coordinados, en especial, para extraer las consecuencias que se derivan de someter a la práctica política a todo tipo de contactos y transacciones con potencias extranjeras con el solo objetivo de lograr los objetivos políticos deseados”, plantea la diputada.
“Cualquier intento de socavar el Estado de derecho en un país miembro implica nuestra respuesta común, y en todo caso, evitar políticas de impunidad o amnistía que borren, eviten o minimicen la investigación judicial cabal, y en su caso, las penas correspondientes”, añade.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha prorrogado ahora seis meses la investigación del caso Voloh, las diligencias en las que se rastrea el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista y los contactos de Carles Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin para tratar de sumar el apoyo de Rusia a sus planes para desestabilizar y debilitar las democracias en la Unión europea, a través de los Estados Miembros.
El instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, destaca en su auto de reactivación las conexiones que el líder de Junts y su equipo establecieron con altos cargos de Moscú para intentar forjar una alianza estratégica en el corazón de la Unión Europea. También añade que se han encontrado indicios de posibles contactos del secesionismo con la extrema derecha.
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