Ante la solicitud formulada por Oriol Junqueras y otros ocho condenados por el proceso separatista para que el Tribunal de Cuentas suspenda la causa por malversación en base a la tramitación de la proposición de ley de amnistía, Societat Civil Catalana (SCC), que ejerce de acusación en el procedimiento, ha enviado un escrito al Tribunal para que desestime íntegramente las pretensiones aducidas por la defensa de los encausados. Ha sido el propio órgano fiscalizador quien ha pedido criterio a las partes demandantes antes de pronunciarse.
El escrito presentado al Tribunal por los asesores jurídicos de SCC, el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, defiende que “no existe un hecho nuevo que tenga relevancia alguna para suspender el curso del procedimiento” y “no hay artículo legal vigente que ampare la ilegítima injerencia que se pretende hacer en el funcionamiento de este Juzgado”. La única novedad existente, argumenta, “es que ha comenzado la tramitación de una ley que, a todas luces, y dicho por los operadores jurídicos más prestigiosos, es contraria a la Constitución Española y a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, como es el Estado de derecho, por lo que podemos poner incluso en duda que dicha ley cumpla todo el recorrido que tiene por delante y sea finalmente aprobada”.
Consta en el escrito que el redactado de la proposición de ley de amnistía “es contrario a los artículos 1 (Estado de derecho), 9.3 (seguridad jurídica), 14 (igualdad de todos los españoles ante la Ley) y 117 (independencia y exclusividad judicial) de la Constitución”.
En todo caso, independientemente de si la proposición de ley orgánica de amnistía es aprobada o no, “a día de hoy no existe motivo alguno para que este Tribunal se pliegue a los burdos intentos de suspensión de este procedimiento de unos demandados que solo buscan la dilación de esta causa para verse beneficiados” por la posible amnistía.
Societat Civil Catalana demandó ante el Tribunal de Cuentas a once líderes del proceso separatista para que devuelvan a las arcas públicas el dinero malversado en la denominada «acción exterior» y en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En concreto, exige la devolución de 5 millones de euros a, entre otros, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas.
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