El Tribunal de Cuentas, que está controlado por el PSOE que puso a una presidenta que fue candidata socialista al Senado – Enriqueta Chicano – ha certificado este miércoles el carpetazo contable a los abusos económicos del independentismo. Los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de antiguos cargos catalanes, quedan absueltos de las responsabilidades financieras derivadas del referéndum ilegal del 1-O y de la costosa propaganda exterior de la Generalitat.
La decisión judicial implica el levantamiento inmediato de las medidas cautelares interpuestas durante el proceso. En su momento, los encausados se vieron obligados a afrontar una fianza cercana a los cinco millones de euros. Aquel blindaje exigió aportaciones patrimoniales privadas, posteriormente asumidas por la Caixa de Solidaritat y el Institut Català de Finances, cuyos fondos deberán ser devueltos de forma inminente.
El fallo refleja de manera fiel el marco político propiciado por el Gobierno central para favorecer a sus socios parlamentarios separatistas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han respaldado el archivo definitivo del expediente. Esta postura alineada contrasta con la gravedad de los hechos, pero encuentra cobijo en la validez otorgada a la norma del olvido penal por los tribunales europeos.
La propia Generalitat de Catalunya se personó en la causa para exigir el cierre del expediente. Desde el Ejecutivo autonómico se llegó a sostener la insólita tesis de que las arcas públicas no sufrieron menoscabo alguno. Sin embargo, resulta paradójico negar el perjuicio cuando la propia sentencia reconoce de forma explícita que las partidas millonarias fueron ejecutadas entre 2011 y 2017.
La resolución, que consta de 69 páginas, fundamenta su fallo en que el desvío de dinero público ya no es perseguible tras la aprobación de la amnistía. La consejera ponente subraya en la sección de hechos probados que los gastos para el referéndum del 1 de octubre y la promoción internacional del secesionismo existieron. La falta de reproche responde únicamente al perdón normativo diseñado en las Cortes.
Asimismo, la resolución descarta la existencia de irregularidades vinculadas a la gestión directa de partidas europeas. El texto señala que no ha quedado acreditado el uso de fondos del presupuesto de la Unión Europea para financiar el desafío soberanista. Esta conclusión desactiva una de las vías de investigación impulsadas para dilucidar el verdadero alcance de la malversación.
Frente a la pasividad de las instituciones estatales, Societat Civil Catalana se ha mantenido como la única acusación firme en la defensa de los contribuyentes. La entidad cívica ha abanderado en solitario la oposición a la amnistía desde la entrada en vigor de la ley. Su actuación pone de manifiesto la desprotección a la que se ven sometidos los ciudadanos frente al uso arbitrario de los recursos públicos.
A pesar del varapalo para los demandantes, la vía judicial no ha quedado totalmente agotada. La sentencia notificada a las partes no es firme y abre la puerta a nuevas acciones legales. La acusación popular dispone de la facultad de presentar un recurso de apelación ante la Sala del Tribunal de Cuentas, con la posibilidad posterior de acudir en casación ante el Tribunal Supremo.
La acusación de Societat Civil Catalana prevé agotar todos los cauces procesales a su alcance para revertir este carpetazo. Su objetivo es evitar que los costes de la aventura independentista recaigan definitivamente sobre la ciudadanía. El recurso buscará estrechar el cerco sobre el impacto real que las decisiones de los líderes secesionistas tuvieron en la estabilidad financiera del Estado.
Esta absolución ratifica el elevado precio político que el actual Ejecutivo está dispuesto a asumir para mantener sus alianzas. El perdón contable consagra la impunidad sobre el uso de dinero público para fines partidistas e ilegales. Mientras la justicia contable archiva el caso, la factura real del ‘procés’ la siguen pagando todos los españoles.
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