MUFACE. Una crisis provocada

La historia del conflicto

A finales del año 2024 se debía renovar por dos o tres años más el convenio entre la Mutua de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y las aseguradoras médicas privadas, que en ese momento eran ADESLAS, ASISA y DKV. Las mutuas pidieron un aumento del 40% en base a que, según ellas, con el concierto que finalizaba habían perdido mucho dinero debido al elevado costo de las nuevas tecnologías de diagnóstico, del elevado precio de los nuevos fármacos que hoy se utilizan en oncología y del aumento de las enfermedades crónicas que precisan muchas visitas médicas. Además, explicaron que muchos médicos ya no querían seguir trabajando con ellas porque lo que recibían no les compensaba el tiempo que dedicaban.

El Estado solo les ofreció un aumento del 17% y esta oferta quedó desierta. Entonces el Estado inició una consulta para saber el aumento mínimo que las aseguradoras médicas aceptarían para firmar el concierto. Posteriormente propuso un aumento del 33,5%. La respuesta fue que ADESLAS, que atiende el 33% del funcionariado y DKV que atiende al 13% se negaron a participar en la licitación, mientras que ASISA, que atiende al 24%, respondió que valoraría la posibilidad de ir en solitario. La Administración consideró que era arriesgado que solo hubiera una aseguradora y esta semana ha ofrecido un aumento del 41,2% en tres años (2025, 2026 y 2027). Cabe decir que estamos hablando de un millón y medio de personas entre funcionarios y familiares, que la Seguridad Social atiende al 30% del funcionariado y que ADESLAS había pedido un aumento de un 47% para resarcirse de las pérdidas sufridas en el concierto que ahora finaliza.

La mayoría de los expertos piensan que finalmente se firmará el concierto, pero ante la actual incertidumbre, el sindicato CSIF ha convocado una huelga de funcionarios para el 13 de febrero en la Administración General del Estado, en el sector educativo y en Correos. CSIF es el sindicato mayoritario en las administraciones públicas y el que más ha batallado por conseguir que se firme el concierto. Otros sindicatos muy ideologizados, como USTEC-STES, han acusado a las aseguradoras médicas de estar haciendo un chantaje y han abogado por una transición de todos los funcionarios a la Seguridad Social.

Los perjudicados

Los grandes perjudicados han sido los funcionarios y los médicos que los atendían. Los primeros han visto que muchas pruebas e intervenciones ya no se podían programar ni realizar en 2025, porque no se sabía si habría o no concierto, y porque han pensado que posiblemente ya no podrían acceder a los médicos que los trataban, en ocasiones desde hace muchísimos años y que conocen bien sus dolencias. Los jubilados con 70 o más años, además han visto agravada su situación porque, aunque quisieran contratar una póliza privada con su actual aseguradora, para poder así seguir acudiendo a sus médicos, ya no lo pueden hacer, dado que a partir de esa edad las mutuas ya no los admiten. Los segundos perjudicados han sido los médicos, porque las aseguradoras médicas los han dado de baja en sus cuadros médicos para así ahorrar recursos.

La causa última del conflicto

Todo empezó cuando la ministra de Sanidad, la señora Mónica García, conociendo perfectamente la situación económica porque ella es médico, solo ofreció un aumento del 17%, lo cual era muy poco como lo ha demostrado el hecho de que el ejecutivo, pese a tener que desautorizarla públicamente, acaba de ofrecer un aumento del 41,2%. Es evidente que ministra no quería que saliera adelante el concierto con las aseguradoras médicas privadas pese a que ello comportaba aumentar de golpe las listas de espera en la Seguridad Social con 1.500.000 personas más.

Para entender el problema conviene recordar que la ministra Mónica García militó en Podemos (2014-2019) y luego en el partido Más Madrid (desde 2019) y que es miembro de la coalición Sumar desde 2023, por lo que ese año fue nombrada ministra de Sanidad. Su planteamiento lógicamente es el que se defiende en esas formaciones políticas. Ellos consideran que toda la sanidad gratuita ha de ser pública, aunque la sanidad puede ser igualmente gratuita acudiendo a un centro privado, si el usuario en lugar de tener que pagar la visita, simplemente enseña su tarjeta sanitaria de funcionario, que es lo que hacen el millón de funcionarios que han escogido una aseguradora médica privada. No lo hacen tampoco porque la adscripción a la Seguridad Social le cueste menos al Estado, porque es justamente al revés. Incluyendo la subida ofrecida del 41,2% el Estado pagará anualmente a una aseguradora sanitaria entre 1.000 y 1.100 euros por funcionario, mientras que si está adscrito a la Seguridad Social pagará como mínimo 1500 euros. Es evidente que lo que les molesta es que haya unos servicios médicos que no estén completamente controlados por el Estado.

El futuro de MUFACE

Actualmente los funcionarios cada año, durante el mes de enero, pueden elegir entre seguir en su actual aseguradora médica o cambiarse a las otras dos aseguradoras o bien pasarse a la Seguridad Social. Esto es un grado de libertad, un privilegio, que nadie quiere perder, incluidos los que han escogido la Seguridad Social. Es evidente que debería dejar de ser un privilegio, es decir que todos los trabajadores deberían poder elegir el servicio médico que prefieran. La conclusión es que la lucha por el mantenimiento de MUFACE es un ejemplo del enfrentamiento entre los que desean una sociedad con todos los servicios estatalizados y los que apuestan por permitir la iniciativa privada y mantener la libertad de elección. Así pues, es evidente que la crisis de MUFACE ha sido una crisis provocada.

Antonio Jimeno. Sindicato AMES

NOTA DE LA REDACCIÓN: elCatalán.es necesita su apoyo, en este contexto de grave crisis económica, para seguir con nuestra labor de defensa del constitucionalismo catalán y de la unidad de nuestro país frente al separatismo. Si pueden, sea 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.