No hay nada mejor el día de la Constitución que ejercer el derecho constitucional de reunión pacífica y de manifestación consagrado en su artículo 21. Por ello el pasado día 6 de diciembre fui a la plaza de Sant Jaume a la concentración de Vox a favor de la Constitución Española, en la que intervenía su presidente nacional Santiago Abascal.
Para evitar que los CDR reventasen el acto, privando a los concurrentes de su derecho a reunirse, todas las entradas de la plaza estaban controladas por dispositivos de los Mossos de Esquadra, y cuando llegué me sometieron a unas cuantas preguntas negándome el acceso a la plaza, hasta el punto en que tuve que encararme con ellos para que me dejasen entrar.
Una vez dentro me dijo el presidente del Comité Ejecutivo Provincial, que tenía que intervenir en el acto con un discurso, que le habían pedido el carnet de Vox para dejarle entrar, y lo mismo había pasado con la secretaria de Comité Ejecutivo, embarazada de ocho meses. A otros dos vocales del Comité también se les puso dificultades para entrar. Yo mismo tuve que intervenir ante una agente, cuando vi que no dejaba entrar a dos señoras de avanzada edad en la plaza.
Si se trataba de impedir por motivos de seguridad que los violentos de los CDR entrasen en la plaza, evidentemente ni la embarazada ni las dos ancianas, una de ellas con una bandera española, suponían ningún peligro para el desarrollo del acto. Más tarde recibí decenas de mensajes telemáticos de personas que no habían podido asistir al acto de Vox, y eso me hace llegar a la conclusión que sin la malévola obstrucción de la policía catalana, varios miles de personas podrían haber entrado en la plaza, llegando incluso a llenarla.
Queda con ello evidenciado que con la excusa de la seguridad, los Mossos de Esquadra y la Consellería de Interior de la Generalitat tenían el propósito de boicotear el acto para que no hubiese afluencia libre de público.
Mis sospechas se vieron reforzadas cuando durante la intervención del diputado nacional Ignacio Garriga los mossos, que eran tan celosos con quién entraba, acompañaron y guiaron al interior de la plaza a unos ocho jóvenes de un grupo neonazi denominado Partido Nacional Socialista Obrero Español-Frente Nacional Identitario, que portaban una inmensa bandera con el emblema de la segunda división Das Reich de la SS.
Enseguida acudieron voluntarios de Vox para expulsarlos de la plaza, pero su jefe les dijo que tenían una autorización expresa de la Consellería de Interior de la Generalitat, para que su partido se manifestase allí a esa hora. Cosa extrañisima porque las autoridades nunca dan permiso de concentración el mismo día y en el mismo lugar, a dos partidos o asociaciones que se manifiestan por motivos diferentes y opuestos: Vox a favor de la Constitución y los ultras en contra.
Para colmo de la mala fe de los Mossos de Esquadra -que sabían perfectamente que los ultras no venían a cantar el Virolai ni a hacer Els Pastorets- han remitido un informe a la Consellería de interior, que ha instado a la Fiscalía del Odio una denuncia contra Vox. El hecho de que la policía facilite la presunta comisión de un delito, para luego denunciar a otros que nada tienen que ver con ese delito, supone una aberración execrable en un Estado de derecho y por supuesto también en una dictadura. Afortunadamente los servicios jurídicos de Vox van a denunciar estos hechos judicialmente, y cuando entren con fuerza en el Parlament de Cataluña se pedirán las responsabilidades políticas y las dimisiones que sean precisas.
Juan Carlos Segura Just
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