Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6×6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia son las principales reivindicaciones de JUCIL de las provincias catalanas.
Estas demandas forman parte del programa con el que JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se presenta a las elecciones al Consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio Instituto.
Actualmente el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 30 representantes, de los cuales seis pertenecen a JUCIL. Mila Cívico, secretaria provincial de JUCIL en Girona, Lleida y Barcelona, asegura que «en Cataluña, nuestro principal desafío es mantener la plena operatividad de todas las especialidades de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma. Pese a la actual escasez de plantillas y medios, nos esforzamos por no mermar el servicio que prestamos al ciudadano dentro de nuestro ámbito competencial».
Como representantes de JUCIL, solicitan a la Dirección General y al Ministerio del Interior que atiendan sus reivindicaciones para «reforzar y empoderar a los guardias civiles en Cataluña». Para ello, es imprescindible «evitar el desmantelamiento del Cuerpo en tierras catalanas» y lograr el «reconocimiento de Cataluña como Zona de Especial Singularidad». Cívico está convencida de que, con incentivos similares a los del País Vasco, se mitigaría la actual falta de personal, palpable en puntos críticos como la aduana de La Farga de Moles (Lleida), que subsiste gracias a comisiones de servicio, o en La Jonquera (Girona), donde la escasez de personal es alarmante.
Añade que es fundamental «abordar el elevado coste de vida y la falta de arraigo». La región, con un coste de vida superior, obliga a muchos agentes a recurrir al «alquiler de viviendas con precios desorbitados». Además, las dificultades económicas o las barreras lingüísticas, derivadas del uso obligatorio del catalán en la educación, fuerzan a muchos a «dejar a sus familias en sus lugares de origen», imposibilitando el traslado familiar.
La secretaria de JUCIL también reclama una «inversión urgente en instalaciones y la mejora de medios materiales». Denuncia que se requiere una partida para el mantenimiento y reparación de «pabellones oficiales, muchos de ellos inhabitables» —como en Camprodon o Puigcerdà—, además de atender necesidades básicas en acuartelamientos, como la sustitución de ventanas o la instalación de calderas. En cuanto a los medios materiales, señala la «falta de uniformidad adecuada para frío extremo» en el Pirineo, la antigüedad de los vehículos, algunos con más de veinte años, y la escasez crítica de material de protección, obligando a «compartir chaleco antibalas al no haber dotación para todos los guardias civiles».
Iván Grañeras, secretario provincial de JUCIL en Tarragona, se suma a las denuncias de Mila Cívico sobre la importante falta de efectivos y la necesidad de rehabilitar los pabellones, y además pone de manifiesto la falta de presupuesto para el arreglo y mantenimiento de zonas de uso comunitario en las instalaciones.
Grañeras también exige mejoras directas en las condiciones laborales, incluyendo la «implementación de un régimen de turnicidad estable,» como mínimo el establecido en la Unidad del Puerto (6×6), la «remuneración adecuada y completa de todas las horas extraordinarias realizadas» y el » reconocimiento de la especialidad de Fiscal y Fronteras para todos los miembros destinados en puestos catalogados de seguridad ciudadana siempre que realicen funciones fiscales”.
Asimismo, Cívico y Grañeras también recuerdan que “la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”. Cívico añade: “Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso d’esquadra, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile en peores condiciones económicas que cualquier otro policía”.
JUCIL también reclama un mayor respaldo institucional, afirmando Cívico que “el principio de autoridad está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional”.
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