En relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos:
CENSURAMOS que una reforma del Código penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida «desjudicialización» del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos.
CONSIDERAMOS que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ello, resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos.
ADVERTIMOS que las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia. De hecho, en la medida que los Códigos penales deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país, de acometerse alguna reforma penal en España, EXIGIMOS que esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional.
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