El eurodiputado Jordi Cañas planteó hace unos días en una entrevista en el programa Converses de la cadena Cope una idea interesante. Hay un pacto social para que los funcionarios tengan estabilidad en el empleo, estabilidad que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos a cambio que respeten la neutralidad de la administración pública, que es de todos.
La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar millones de ciudadanos catalanes la estabilidad de miles y miles de funcionarios que han demostrado que les importa un bledo esta neutralidad institucional?
¿Por qué un funcionario que desprecia a los catalanes constitucionalistas que les pagan el sueldo, bien llevando lazos amarillos, o montando actos secesionistas en medio de la jornada laboral, o llevando su uniforme oficial a manifestaciones separatistas, ha de tener más estabilidad laboral y mejores condiciones laborales que el resto de la población?
En su tiempo libre, en sus hogares, en sus vehículos particulares, que los funcionarios hagan lo que quieran. Pero en los edificios públicos, y durante la jornada laboral, han de respetar las leyes y han de respetar el ordenamiento constitucional que permite que ellos sean funcionarios y cobrar su sueldo. Y respetar a todos los ciudadanos. Este es el planteamiento que hizo Cañas.
Partiendo de este planteamiento, pensamos que ya está bien de encontrarte con enfermeros, médicos o profesores con el lazo amarillo o la chapa de “libertad presos políticos”. ¿Qué confianza te puede dar que te tratará con equidad si sabes que tú no piensas como él? Ninguna.
La función pública tiene ventajas porque sus trabajadores han de estar al servicio de todos los ciudadanos durante su jornada laboral. Si algunos funcionarios rompen la neutralidad institucional y llenan los edificios, o sus uniformes, o sus atuendos, de símbolos que atentan contra dicha neutralidad, tenemos todo el derecho del mundo a pedir que a estos funcionarios se les aparte del servicio.
Esta propuesta debería ser recogida por los partidos constitucionalistas. Y los ciudadanos tenemos que exigir que así lo hagan.
Comentario editorial de elCatalán.es
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