La sentencia de los ERE de Andalucía ha sido un torpedo en la línea de flotación del PSOE. No por esperada ha resultado menos dolorosa para los socialistas.
Ese dictamen, aunque todavía no es firme, es una mancha para el partido socialista. Un partido que, a lo largo de sus más de 140 años de historia, siempre ha luchado por los más desfavorecidos, el interés general de las mayorías sociales y por los principios democráticos de libertad e igualdad, con total honestidad.
Este desafortunado asunto empezó a tejerse con Manuel Chaves. Chaves llegó a la política andaluza en 1990. Fue enviado allí, por Felipe González, para zurcir las heridas que había generado el enfrentamiento entre Alfonso Guerra y José Luís Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente de la Junta.
Manolo Chaves estuvo dos décadas como máximo responsable político de Andalucía. En ese tiempo puso en marcha un sistema para rescatar empresas y trabajadores en crisis. Lo denominaron de “paz social”. Esa fue la semilla de lo que al final hemos conocido como el caso de los ERE.
A principios de 2009, José Luís Rodríguez Zapatero ofreció a Manuel Chaves que asumiera una vicepresidencia y la cartera de Administración Territorial en el Gobierno de España. Este aceptó y propuso a José Antonio Griñán como su sucesor en la presidencia de la Junta. Griñán recogió el guante, pero puso dos condiciones: repetir como candidato en 2012, para que no se le viera como un interino y manos libres para formar su propio Gobierno.
El recién llegado era bastante consciente de las chapuzas de la Consejería de Empleo. Las subvenciones sociolaborales se concedían fuera de los presupuestos y eso imposibilitaba cualquier control. Ciertamente, José Antonio Griñán intentó desmarcarse de aquel entuerto, pero la tela de araña ya estaba muy tupida y, aunque convocó un Congreso, apartó a la gente de Chaves y se rodeó de gente joven sin piedras en la mochila, el daño ya estaba hecho y la rueda era imparable.
No es mi intención poner en marcha el ventilador y embadurnar a otros, cada cual es responsable de sus actos. Sin embargo, es evidente, que el caso ERE de Andalucía reabre la batalla entre partidos por la corrupción y con eso se van a llenar horas de tertulias, y montones de páginas de periódicos a cuenta de quien es más chorizo que quien.
“Es un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”, se puede leer en la sentencia del caso Gürtel. Ante tanta claridad me ahorro comentarios.
En cambio, en el caso de los ERE, más allá de que los dirigentes condenados ya habían abandonado, hace muchos años la militancia política, no se les condena por llevarse dinero público a sus bolsillos ni por financiar a su partido.
Mientras que en el caso Gürtel, quedó probado que las empresas de Francisco Correa se lucraron gracias a la adjudicación de contratos públicos amañados y al cobro de comisiones ilegales por su intermediación en otros negocios vinculados a Administraciones gobernadas por el PP. Mordidas que de un modo u otro revertían en los populares.
Eso que referido más arriba es corrupción y ha de ser rechazada de forma enérgica por la sociedad y castigada con severidad y rigor por los tribunales. Los recursos que aportan los contribuyentes se han de tratar con el máximo esmero y pulcritud. No obstante, no es lo mismo malversar para beneficiarse de manera personal y/o favorecer al partido que dilapidar saltándose los controles pensando que así se gana en agilidad y por lo tanto en eficacia.
Todo esto ha sido muy triste y lamentable, pero conviene dejar claro que esta sentencia no afecta para nada la trayectoria política de Pedro Sánchez. Cuando ocurrieron los hechos juzgados en la Audiencia de Sevilla, Sánchez era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Por consiguiente, poca influencia podía tener él entonces en los ámbitos en que se cometieron los delitos.
Y, en cualquier caso, después de este deleznable affaire ha de quedar clara una cosa: mal les pese a algunos, y es que la separación de poderes en España es un hecho, y la Justicia en nuestro país funciona.
Bernardo Fernández
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