El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, tradicional feudo del PSC, se encuentra en el ojo del huracán judicial por su política lingüística. La entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de un contrato de mudanzas municipales. La denuncia es clara: el consistorio está utilizando la contratación pública como un rodillo para imponer un modelo lingüístico obligatorio a las empresas privadas.
La cláusula impugnada, la 19.3.j, no se limita a pedir respeto por la lengua propia de Cataluña, sino que exige que toda la documentación y la prestación del servicio sean exclusivamente en catalán. Esta maniobra desplaza, de facto, el uso del castellano en el ámbito contractual, a pesar de ser lengua oficial en todo el Estado. CCC considera que este requisito vulnera frontalmente los principios de neutralidad, igualdad y libre concurrencia que deben regir cualquier concurso público.
No es función de un ayuntamiento decidir qué idioma debe utilizar internamente una empresa de transportes para organizar sus cuadrantes o redactar sus informes técnicos. La contratación pública debe buscar la eficiencia y el mejor precio, no convertirse en un instrumento de ingeniería social encubierta.
El impacto en la competencia es evidente y preocupante. Al imponer estas cargas lingüísticas, el Ayuntamiento de L’Hospitalet, cuyo alcalde es David Quirós, levanta una barrera artificial que ahuyenta a empresas de fuera de la región o a aquellas que no disponen de recursos para adaptar toda su burocracia. Esto encarece los costes para el contribuyente y reduce la calidad de las ofertas, priorizando el carné lingüístico sobre la solvencia profesional del licitador.
Ángel Escolano, presidente de CCC, ha sido tajante al señalar que la Administración no puede imponer un modelo ideológico a terceros. No se discute la importancia de proteger el catalán, sino la arbitrariedad de imponerlo como una obligación general en servicios tan ordinarios como un traslado de mobiliario. La neutralidad institucional es un pilar de la democracia que el PSC parece olvidar cuando se trata de seguir las directrices del nacionalismo.
La entidad ha solicitado la suspensión cautelar de la polémica cláusula para evitar daños irreversibles. Si el proceso de licitación continúa bajo estas bases, se consolidará una exclusión que vaciaría de contenido cualquier sentencia judicial posterior. Es urgente que los tribunales pongan coto a esta práctica de «política lingüística por la puerta de atrás» que se está extendiendo por diversos ayuntamientos catalanes.
Resulta irónico que un ayuntamiento con una realidad sociolingüística tan plural como el de L’Hospitalet intente borrar el castellano de sus relaciones contractuales. Este tipo de imposiciones no responden a una demanda social, sino a una voluntad política de homogeneización que choca con la libertad de empresa. La administración debería facilitar la actividad económica, no entorpecerla con requisitos ideológicos ajenos al objeto del contrato.
El recurso no pretende paralizar las mudanzas, sino garantizar que el procedimiento sea legal y respetuoso con la cooficialidad lingüística. Se busca neutralizar temporalmente la imposición para que cualquier empresa española pueda concurrir en igualdad de condiciones. Es una batalla por la libertad que afecta no solo a los transportistas, sino a todo el tejido empresarial que aspira a trabajar con la administración sin ser «reeducado».
CCC ya ha anunciado que este recurso es solo el principio de una ofensiva legal contra todos los pliegos que releguen el castellano a una lengua de segunda. La contratación pública está sometida a la ley, no a los caprichos de los gestores que buscan congraciarse con los sectores más radicales del separatismo. La transparencia y la objetividad deben volver a ser la norma en la gestión de los recursos de todos.
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