Los grupos secesionistas de Junts pel Sí y la CUP han presentado en el registro del Parlament la ley que pretende regir la consulta ilegal, y lo han hecho por el procedimiento de “urgencia extraordinaria”, con algunos retoques respecto al texto que se dio a conocer hace unas semanas. Aunque el TC ha frenado la vía exprés a la secesión al haber suspendido la reforma del reglamento de la cámara autonómica catalana, tras haber haber admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra esta norma, elCatalán.es ha querido pulsar la opinión de diversas personalidades sobre la llamada ‘Ley del referéndum’.
Manuel Cruz, profesor universitario y diputado del PSOE en el Congreso, opina que “mi posición respecto a una ley que incumple el marco legal y que está tramitando por procedimientos escasamente democráticos solo puede ser de rechazo”. Opinión que es compartida por el ex diputado socialista en el Parlament Joan Ferran, que asegura que es “un subterfugio más del movimiento procesista encabezado por Junts pel Sí y la CUP para proseguir un camino que saben no tiene final, pero que quieren mantener en liza por interés partidista y ocultar el fracaso de su hoja de ruta”.
Alberto Fernández Saltiveri, vicesecretario de Organización del PP catalán, cree que “esta ley sin duda pretende romper la convivencia entre catalanes. Una vez sea aceptada a trámite por la mesa del Parlament los mecanismos democráticos actuarán y se paralizará de forma inmediata”. Y apunta que “por muy kamikaze que sea el Govern de la Generalitat y sus socios de la kale borroka, los catalanes pueden estar tranquilos, el Partido Popular y el Gobierno de España no les van a abandonar”. Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal del PP en Barcelona, afirma que “no es ley, es delito de falso referéndum”.
Carina Mejías, presidenta del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, opina que “es una estafa a los catalanes. Primero fue la ley de consultas, una ley hecha a medida de la falsa consulta del 9N y que fue recurrida por su inconstitucionalidad y ahora pretenden aprobar otra, de forma antidemocratica, tanto en la forma,como en el fondo, ocultando y hurtando el legítimo debate democrático, rechazando las opiniones de la oposición y en contra de la mayoría social y política para ajustarla a sus intereses además de no contar con ningún reconocimiento internacional”.
“Una situación propia de estados totalitarios e inaceptable en democracia. No les servirá de nada porque tanto el Consejo de garantías estatutarias como el TC han dicho que es contraria al estatuto y vulnera los principios constitucionales y será recurrida para evitar lo que ya se ha definido como un golpe de estado jurídico”, ha concluído Mejías.
Mariano Gomà, presidente de Societat Civil Catalana, elabora la siguiente reflexión: “¿Qué proyecto y qué referendum? Un proyecto sin base, ni instrumentos, que incumple todas las normativas y ni se puede dibujar no es un proyecto. Es solo un deseo en el delirio de un estado febril. Un referéndum que no cumple la ley, ni dispone de medios, ni de quórum, ni de cuerpo no es más que un sueño fuera de la realidad y del escenario donde vivimos. Y los sueños… sueños son”.
Àlex Ramos, vicepresidente de SCC, reitera que “el referéndum previsto para el 1 de octubre es ilegal y que, además, ahonda la fractura social entre catalanes. Por tanto, cualquier intento de proclamar la secesión de Cataluña carece de sentido. La Constitución y todo el marco legal vigente debe ser respetado y los responsables políticos de cualquier territorio del Estado deben aceptarlo y no actuar al margen de la ley”.
“Todos los catalanes pueden estar tranquilos porque la ley y el Estado de Derecho les protege. El registro de esta ley es una nueva muestra de que la Generalitat no sólo continúa siendo únicamente el gobierno de los independentistas, sino que sigue impulsando medidas más propias de un estado autoritario que de un sistema democrático. La solución a la situación política que se está viviendo en Cataluña pasa por el diálogo con el Estado y por consensuar acuerdos que beneficien a todos los catalanes”.
“El referéndum y todo lo que se pueda llegar a poner en marcha posteriormente divide a los catalanes y el Ejecutivo catalán debería preocuparse por fomentar la convivencia y no por crear escenarios de conflicto social”.
Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, cree que es “un paso más que dan los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, camino de la desobediencia y el enfrentamiento. El TC admite a trámite el recurso del Gobierno central y suspende el proyecto de ley de Referéndum. Dejan una vez más a Cataluña en una situación ridícula y vergonzosa”.
Desde el punto de vista del mundo de la comunicación, el presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall, Sergio Fidalgo, asegura que “el intento de intentar aprobar esta ley por el procedimiento exprés es un ataque a la libertad de expresión. Se comienza maniatando la capacidad de la oposición de debatir y de enmendar y se acaba silenciando a los periodistas. Todo forma parte del mismo proyecto totalitario”.
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