En Cataluña, diversas asociaciones activas en la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanohablantes han emprendido acciones legales y de sensibilización para garantizar que el castellano también cuente con un trato digno en los ámbitos escolar, administrativo y laboral. Entre ellas destacan Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Hablamos Español y Aixeca’t-Levántate, que denuncian lo que consideran una imposición lingüística en favor del catalán y una marginación de los derechos de los castellanohablantes.
Muchas de ellas ofrecen asistencia jurídica a aquellas personas afectadas por normativas o pactos que consideran discriminatorios desde la óptica lingüística. necesario para frenar medidas que, en su opinión, vulneran derechos lingüísticos fundamentales.
Un primer ámbito de actuación de estas organizaciones es el educativo: la defensa de que el castellano pueda tener un verdadero estatus como lengua vehicular en los centros escolares de Cataluña. En este sentido, ya se han logrado avances judiciales importantes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló varias instrucciones escolares que excluían al castellano como lengua vehicular, al considerar que vulneraban derechos constitucionales. Esta sentencia, planteada en parte gracias al recurso promovido por la AEB, representa un respaldo jurídico significativo a los derechos de los alumnos castellanohablantes.
En otro ámbito Convivencia Cívica Catalana ha iniciado una lucha contra la exigencia de altos niveles de catalán como requisito para optar a trabajos públicos en las administraciones catalanas. Un ejemplo reciente fue el caso de un municipio barcelonés (Vic) que fue condenado por la exigencia de un nivel avanzado de catalán para un puesto de operario, tras un recurso impulsado por esta entidad. No ha sido el único, ha habido otras victorias similares, como en La Roca del Vallès (Barcelona).
Esta entidad también celebró que una sentencia judicial anulará hace unas semanas la sanción lingüística impuesta a una cafetería de Sitges a raíz de una denuncia por “no atender en catalán”. La resolución constata que una denuncia genérica no es base suficiente para incoar con garantías un expediente sancionador por motivos lingüísticos.
Asimismo, Impulso Ciudadano ha conseguido varias victorias judiciales contra ayuntamientos que incumplan la Ley de Banderas, y los alcaldes han tenido que acatarlas para no arriesgarse a una inhabilitación por desobediencia.
Gracias a estas intervenciones judiciales y mediáticas, se está logrando visibilizar que el requisito lingüístico debe guardar proporcionalidad en relación con las funciones del puesto. Exigir catalán cuando las tareas no requieren un uso comunicativo complejo resulta discriminatorio, y los tribunales han empezado a recoger este argumento en sus sentencias.
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