Las entidades constitucionalistas responden al New York Times

Diversas entidades constitucionalistas han enviado una carta a la dirección de The New York Times para mostrar su malestar por el editorial del 23 de junio en el que defendían la celebración de un referéndum en Cataluña. Los firmantes recuerdan a los responsables del diario que «en España, como en EEUU, rige la separación de poderes y no es optativo para fiscales o tribunales dejar de condenar a quien incumple la ley. Sorprende que elementos tan básicos del sistema político y jurídico español al que se refiere el artículo no sean considerados».

Y recuerda a los editorialistas del NYT que «precisamente para evitar que las minorías vean sus derechos vulnerados por la tiranía de la mayoría, las constituciones americana y española dejan un número substancial de derechos fundamentales fuera del alcance de la simple regla de la mayoría ejercida a través de referéndums populares como el que su editorial propone».

El texto íntegro del comunicado es el siguiente:

El New York Times siempre ha sido para nosotros un referente de la prensa libre, por el coraje que consistentemente ha demostrado abogando por los valores de la democracia liberal y del respeto al imperio de la Ley que la sustenta. En fechas recientes, hemos visto una vez más lo mejor del NYT en su apasionada defensa del sistema de «check and balances» del sistema político norteamericano ante los intentos del poder de actuar arbitrariamente en casos como el «travel ban» y el despido del ex-director del FBI.

Es por eso que hemos leído con una mezcla de tristeza, perplejidad y frustración su editorial del 23 de junio de 2017 en la que parece proponerse que el sistema democrático español no se aplique a si mismo los estándares de separación de poderes que el New York Times defiende para EEUU, buscando pretendidas soluciones políticas en vez de recurrir a los mecanismos judiciales ordinarios, como se realiza en todos los estados democráticos. En España, como en EEUU, rige la separación de poderes y no es optativo para fiscales o tribunales dejar de condenar a quien incumple la ley. Sorprende que elementos tan básicos del sistema político y jurídico español al que se refiere el artículo no sean considerados.

Sorprende también que un diario progresista acepte prima facie las tesis separatistas y que en este caso particular hable de «trato injusto» y no defienda la existencia de tasación progresiva por la que aboga en EEUU. A pesar de saber que los impuestos los pagan las personas y no los territorios, omite que, tal como sucede en todos los países, las regiones con una renta per cápita superior a la media nacional tienen un «déficit fiscal» respecto al conjunto del país, sin que Cataluña suponga una situación excepcional ni en España ni en EEUU, país en el que existe una Unión Fiscal basada en las transferencias fiscales federales.

Su editorial habla también de grandes manifestaciones en la calle, como si el número de manifestantes diese legitimidad a saltarse la ley. Una vez más, este argumento nos resulta chocante viniendo del New York Times, que habitualmente defiende que el rasgo fundamental de un sistema democrático es que está basado en el imperio de la ley. Es decir, que es un contrato social fundamentado en el derecho y constituido mediante normas que obligan y protegen a todos sus ciudadanos por igual, impidiendo que la mayoría oprima a la minoría, o que los más ricos no contribuyan al bienestar de los más desfavorecidos.

Exactamente como en el caso norteamericano. Porque, precisamente para evitar que las minorías vean sus derechos vulnerados por la tiranía de la mayoría, las constituciones americana y española dejan un número substancial de derechos fundamentales fuera del alcance de la simple regla de la mayoría ejercida a través de referéndums populares como el que su editorial propone. El remedio que el New York Times aboga para España acabaría curando la enfermedad matando al paciente: El hecho de que los separatistas catalanes se hayan situado a si mismos en un callejón sin salida no puede impeler al Gobierno de España a apaciguar ilegalmente a un ruidoso, hiperactivo y sobreexcitado 34% del cuerpo electoral de Cataluña financiado con los impuestos de todos. Ningún gobierno en un estado democrático puede forzar que una parte del País, cuyo claro objetivo es esquivar al imperio de la ley para hacerle la eutanasia al Estado, decida por todos los votantes españoles que son quienes son competentes para definir, o en caso reformar a la Constitución, el marco territorial y de competencias de que nos dotamos con la Constitución de 1978.

Barcelona a 28 Junio de 2017

Teresa Freixes. Presidenta Concordia Civica

Mariano Gomà. Presidente Societat Civil Catalana

Josep Bou. Presidente, Empresaris de Catalunya

Sergio Fidalgo. Presidente, Periodistas Pi i Margall

Rafael Arenas. Ex-Presidente, Societat Civil Catalana

Pere Lluís Huguet. Presidente, Llibertats

Manuel Lanzan. Presidente, Espanya i Catalans

Miriam Tey. Fundadora, Centro Libre de Arte y Cultura

Óscar Uceda. Presidente, Asociación de Historiadores Antoni de Capmany

Vicente Serrano. Secretario, Alternativa Ciudadana Progresista

Clemente Polo. Presidente, Regeneración Democrática

José Domingo. Presidente, Impulso Ciudadano

Josep Alsina. Presidente, Somatemps

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