La violencia callejera ha de ser combatida

Miles de personas se manifestaron el sábado por la tarde en Pamplona pidiendo “justicia” para los ocho jóvenes de Alsasua procesados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la población navarra en octubre de 2016.

Un acto de violencia que los acusados y el entorno de la izquierda ‘abertzale’ consideran que “no es terrorismo” –acusación que pesa sobre ellos.

El apalear a guardias civiles en un contexto de violencia moral y acoso hacia los miembros de este cuerpo en las poblaciones navarras que controlan los partidos secesionistas vascos lo quieren reducir a un delito común, cuando queda claro que es un intento de coaccionar para expulsar a este cuerpo de seguridad de estas ciudades.

Es lo mismo que está pasando en Cataluña. Los autodenominados CDR escampan la ‘carrer borroka’ acosando a políticos constitucionalistas, marcando sus domicilios, atacando las sedes de sus partidos, quemando contenedores o intentando entrar en las subdelegaciones del Gobierno a palos y con la intención de destrozarlo todo.

Y encima lo consideran poco más que robar un paquete de chicles en un colmado y piden que se les trate con benevolencia.

Si el secesionismo quiere recurrir a las algaradas callejeras y a la coacción física y psíquica ha de tener muy claro que a sus radicales se les ha de aplicar el código penal con toda la dureza posible.

Y si sobrepasan la barrera de los delitos de terrorismo, apechugar con ello. En un Estado democrático no cabe la violencia de grupos radicales que quieren imponer sus propósitos políticos aplicando la ley de la jungla.

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