El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), con el membrete oficial del Gobierno, ha enviado cartas a empresas españolas con negocios en Israel para solicitarles que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades económicas «contribuyan al genocidio en Palestina».
Dicho ministerio ha emplazado a las empresas españolas que actúan en Israel a reportar al Gobierno de España las evaluaciones y estudios que hayan llevado a cabo para «frenar los riesgos de abusos» que pudieran ocasionar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza.
Bustinduy pide a dichas empresas que rindan cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la zona ya mencionada. Aunque el Ministerio de Exteriores, en manos del PSOE, ha dicho que no conocía dicha iniciativa, la acción de Bustinduy se ha hecho en nombre del Gobierno, y Bustinduy sigue en el cargo sin que Sánchez lo haya cesado.
Pero ‘La Vanguardia’ ha decidido salir en rescate del PSOE titulando dicha información como «una carta de Sumar a las empresas españolas en Israel irrita al PSOE». No era una «carta de Sumar», era una carta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no es lo mismo a efectos del empresario que la recibe y ve que el Gobierno le interpela. No un partido político.
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