El hartazgo de una parte sustancial de la sociedad catalana con su televisión pública ha dejado de ser un murmullo para convertirse en un clamor. Miles de ciudadanos asisten con incredulidad a la manipulación diaria de los informativos de TV3 que actúan como altavoz de cualquier tesis hispanófoba, por radical que sea. Mientras se silencia sistemáticamente a quienes reclaman un bilingüismo real en la administración y las aulas, la cadena se entrega al servicio de quienes desean borrar el español de Cataluña. Pero esta deriva no es casual, tiene responsables políticos con nombres y apellidos.
Si usted se indigna al ver cómo la Generalitat destina cerca de 400 millones de euros anuales a mantener la estructura de TV3, debe mirar directamente a Salvador Illa. Fue el PSC quien, junto a ERC y Junts, pactó la actual dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Los socialistas, lejos de exigir una regeneración profesional y neutral, prefirieron asegurar su cuota de poder en el ente, validando un modelo que gasta ingentes cantidades de dinero público —incluyendo fondos destinados originalmente a la crisis del COVID— en productoras afines al independentismo.
La parrilla televisiva se ha convertido en un desfile de personajes que han hecho del insulto a España su forma de vida profesional. Bajo la presidencia de Illa, siguen cobrando de la administración pública humoristas y presentadores que comparan instituciones del Estado con prostíbulos o que han convertido el «Puta España» en un lema recurrente, como Peyu, Jair Domínguez, Juliana Canet, Magí García o Joel Díaz. Es una anomalía democrática que se premie con contratos millonarios a quienes incitan a la violencia callejera o llaman «sarnosos» a las familias que simplemente piden que se cumpla la ley en las escuelas.
La denigración constante de lo español no conoce límites en la televisión autonómica, alcanzando incluso a las creencias religiosas y las costumbres culturales. Gags que ofenden sentimientos profundamente arraigados, como el recordado ataque a la Virgen del Rocío, son jaleados desde una televisión que pagamos todos. Se proyecta la imagen de una España dictatorial, corrupta y atrasada, fomentando un odio identitario que fractura la convivencia entre catalanes. Y todo esto sucede con el visto bueno del grupo parlamentario socialista.
Resulta especialmente sangrante que el PSC, que se presenta como el partido de la concordia y el diálogo, sea el garante de este sistema de propaganda. Cada vez que TV3 emite una mentira o una falta de respeto hacia las instituciones del Estado, la responsabilidad recae sobre quien permitió que los guardianes del «procés» siguieran al mando del mando a distancia. Illa no ha movido un dedo para despolitizar los medios públicos; al contrario, ha preferido mantener el ‘statu quo’ a cambio de una paz política muy costosa para la dignidad nacional.
La plantilla de TV3, sobredimensionada y convertida en una suerte de búnker ideológico, actúa con una impunidad total. Los periodistas que intentan ejercer su labor con objetividad son arrinconados frente a las estrellas mediáticas del soberanismo que marcan la línea editorial. Este ecosistema de odio no busca informar, sino crear rencor y profundizar en la brecha social. Es una herramienta de ingeniería social financiada por el contribuyente y protegida por un Partido Socialista que ha abandonado su vocación constitucionalista.
El blanqueamiento de figuras radicales y la promoción de discursos excluyentes se ha normalizado de tal forma que ya no sorprende a nadie. Sin embargo, el silencio cómplice de Salvador Illa es lo que permite que esta maquinaria siga engrasada. No se puede hablar de «pasar página» en Cataluña mientras se mantiene abierta la herida de la manipulación mediática más agresiva de Europa. El PSC ha decidido que su supervivencia política en la Generalitat vale más que el respeto a la verdad y a la pluralidad de los catalanes.
La pregunta que muchos se hacen es qué obtuvo a cambio el PSC para entregar las llaves de la CCMA a los mismos que incendiaron Cataluña en 2017. La respuesta parece evidente: una red de seguridad institucional que evita el conflicto con los socios de investidura a costa de sacrificar la neutralidad informativa. Es un pacto de hierro que deja a los catalanes constitucionalistas en la más absoluta indefensión mediática, obligados a financiar con sus impuestos los insultos que reciben a diario desde sus pantallas.
La responsabilidad de Illa no es solo por omisión, sino por acción directa al blindar los presupuestos que sostienen este circo mediático. Cada euro malgastado en productoras que solo buscan la mofa hacia España es un euro que no se destina a sanidad o educación. Mientras la gestión de la Generalitat languidece, TV3 sigue siendo la joya de la corona del nacionalismo, una joya que el PSC cuida y abrillanta con esmero para no incomodar a sus aliados de Esquerra y Junts.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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