Los aspectos relativos a la financiación autonómica contenidos en el programa electoral del BNG para las elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero se basan la voluntad de impulsar la capacidad tributaria de Galicia.
En primer lugar, se fija como objetivo final el establecimiento de un nuevo modelo de financiación de Galicia basado en el concierto económico que incluya la atribución de plena capacidad normativa, de gestión y de responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos soportados en Galicia contando con una Agencia Tributaria gallega integral. Este modelo ha de incluir la “internalización” de la financiación de las entidades locales gallegas y ha de completarse con la articulación de mecanismos redistributivos que garanticen el equilibrio territorial dentro del Estado.
En el propio programa política se reconocen las dificultades de acceder a un sistema de financiación basado en el convenio económico solidario. Por ello, de forma transitoria, se sugieren una serie de medidas destinadas a modificar el actual sistema de financiación autonómico de las Comunidades Autónomas de régimen común. Estas propuestas son las que, a nuestro juicio, tienen más interés puesto que no son imposibles (como el modelo de concierto) y pueden ser extendidas al resto de Comunidades Autónomas.
Concretamente, se trata de las siguientes medidas:
- La idea principal es la de avanzar tanto en autonomía fiscal (mayor capacidad para obtener recursos) como en suficiencia fiscal (mayores recursos).
- Incremento de la participación de Galicia en la recaudación de los impuestos cedidos parcialmente e incremento de la capacidad normativa de la Xunta de Galicia, así como la cesión total del IRPF, el IVA y de los Impuestos Especiales.
- Inclusión del Impuesto sobre Sociedades en la cesta de tributos cedidos adoptando las medidas necesarias para asegurar la tributación de las empresas en el lugar en el que realizan sus actividades y no en el lugar donde tiene su sede central la sociedad.
- Establecer como criterio de reparto de los fondos el del coste real de prestación de los servicios teniendo en cuenta, especialmente, la dispersión y el envejecimiento de la población.
Consideramos que la cesión de la totalidad de la recaudación del IRPF (actualmente la cesión es del 50%), del IVA (actualmente es del 50%) y de los Impuestos Especiales (actualmente la cesión es del 58% en las principales figuras) es irrazonable ya que dejarían al Estado sin una parte muy considerable de los recursos tributarios. Sin embargo, sí que es posible avanzar en la cesión del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales (en el pasado se habló en algunas Comunidades Autónomas de incrementar la cesión del IVA y de los Impuestos Especiales hasta el 70%).
Por lo que respecta a la cesión de capacidad normativa en relación con el IVA y los Impuestos Especiales la valoramos de forma muy crítica ya que existen Directivas comunitarias que impiden un real ejercicio de la capacidad normativa para las Comunidades Autónomas. La atribución de mayores recursos a las Comunidades Autónomas debe ir acompañada de las cesión de competencias hoy atribuidas al Estado que vería recortados sus recursos financieros.
Consideramos que estas propuestas son útiles ya que pueden servir de inspiración para la reforma del sistema de financiación autonómica de Cataluña y del resto de Comunidades de régimen común. Una ampliación factible de los recursos en manos de Cataluña como puede ser recaudar el 70% del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales es un elemento clave de pacificación de las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Cuando nos referimos a la pacificación no hablamos del discurso oficial de los partidos independentistas sino del sentimiento y actitud de la sociedad civil, de la población en general, que se sentiría mejor tratada y con capacidad para exigir mejor gestión pública a los gobernantes de la Generalitat de Cataluña.
José María Tovillas Morán. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona
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