Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Cataluña una operación dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en amplios sectores de actividad, principalmente el sector del transporte de mercancías por carretera.
Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado año cuando los agentes recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social en Cataluña. Los agentes han investigado a un total de 36 personas como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal. Gracias a ello, se ha descubierto que se había generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros.
Los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, crearon en unos casos grupos fraudulentos de empresas y en otros sucesiones empresariales opacas. Con ello pretendían transferir las ganancias de las empresas deudoras a sociedades patrimoniales, ocultando su verdadero balance económico.
En uno de los casos, la sociedad investigada nació con la idea de ser un instrumento para el delito, y para tal fin ocultaron al dueño real de la sociedad poniéndola a nombre de la hija del cabecilla de la trama, de tres años de edad, con la connivencia de su expareja.
Además, el principal investigado puso como testaferro a su hermana mientras que él mismo se atribuyó el poder general de actuación de la empresa para hacer y deshacer a su antojo, siendo reconocido por los trabajadores como su jefe al igual que la madre de la niña.
El impago sistemático a la Seguridad Social ha supuesto que la empresa haya utilizado este fraude como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores del sector. Con este fin, la sociedad contrataba a sus empleados con un alta del 50% de jornada, o bien, sin darles de alta en la Seguridad Social por un sueldo que rondaba los 800 euros obligándoles a realizar portes durante jornadas maratonianas de hasta 12 y 14 horas.
Había tal demanda de negocio y beneficios que, a pesar de tener retirado el carné de conducir, él mismo conducía y cuando era multado usurpaba la identidad de antiguos trabajadores de la empresa con el fin de echar la culpa a otros. Con este afán de necesidad de ingresos, y ante el acoso que sufría para el cobro de la deuda, el cabecilla decidió facturar los portes de la empresa a la cuenta del sobrino para ocultar de esta forma su verdadera entrada de efectivo.
El perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 308.689,26 euros, si bien sólo en los dos años investigados tuvieron un balance de pagos positivo de 618.837,74 euros, cantidad más que suficiente para haber afrontado sus deudas con la Seguridad Social.
En otro de los asuntos investigados, los agentes detectaron un importante entramado societario existente en las distintas investigaciones económicas practicadas, por lo que la UDEF solicitó la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Cataluña y la Brigada de Policía Judicial de Granada.
La investigación comenzó por una denuncia presentada desde Barcelona, detectando la existencia de un grupo empresarial opaco compuesto por 17 sociedades que, al igual que en el primer caso, se dedicaban al transporte de mercancías por carretera. El entramado tenía ramificaciones en siete provincias españolas, por las que los investigadores tuvieron que seguir la pista a los autores de los delitos hasta llegar a Granada, donde fueron detenidos.
Las compañías implicadas querían aparentar una dirección de empresas independiente, si bien eran un sólido grupo empresarial no transparente que se dividía en trece sociedades adeudadas con la Seguridad Social, y cuatro “instrumentales” que facturaban los trabajos de las deudoras. Las empresas motivaban la injustificada creación de más de 30 Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) por diferentes localizaciones para “disipar” la deuda y frustrar las tareas de embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La forma de operar del grupo desarticulado se iniciaba utilizando una nueva empresa, que habían constituido con anterioridad a su puesta en funcionamiento, mediante sus testaferros de confianza y que ponían en marcha una vez que provocaban intencionadamente la insolvencia de la anterior, sucediéndose de esta forma la actividad de una manera “fraudulenta” al no formalizar su cese de actividad y continuar el negocio con los mismos empleados trasvasados, pero sin afrontar los costes debidos de Seguridad Social.
La deuda a la Seguridad Social ascendió a 2.505.594,87 euros por lo que se arrestó a seis personas como presuntos autores de siete delitos contra la Seguridad Social, un delito de frustración de la ejecución y un delito de grupo criminal.
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