La gestión de la fauna salvaje en Cataluña vuelve a evidenciar sus costuras. La confirmación de trece nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes ha encendido todas las alarmas en el área metropolitana de Barcelona. Por primera vez desde que se detectó el brote, el virus ha logrado saltar el radio de seguridad de seis kilómetros establecido inicialmente por el Departamento de Agricultura.
El hallazgo de dos ejemplares infectados en una urbanización de Molins de Rei rompe el esquema de contención previsto por el Govern. Hasta ahora, el foco se concentraba en la zona cero del campus de la UAB, en Cerdanyola del Vallès. Este salto geográfico demuestra que las medidas tomadas hasta la fecha han sido insuficientes para frenar el avance de una enfermedad que amenaza gravemente al sector cárnico.
La respuesta del conseller Òscar Ordeig ha sido la imposición de restricciones severas de forma inmediata. Con la incorporación de Molins de Rei y El Papiol a la zona de alto riesgo, el mapa del peligro se extiende. El Ejecutivo autonómico se ve obligado a endurecer el tono ante una crisis que, lejos de estabilizarse, parece ganar terreno hacia el Baix Llobregat.
A partir de este viernes, el acceso al medio natural en estos municipios queda totalmente prohibido. La Generalitat ha suspendido cualquier actividad de caza y los trabajos forestales en el nuevo perímetro afectado. Es una medida drástica que llega cuando el control de la superpoblación de jabalíes ya se había convertido en un problema político crónico para la administración.
Los datos oficiales especifican que, de los trece positivos recientes, once se mantienen en el radio inicial. Sin embargo, los dos casos detectados en el Baix Llobregat superan en dos kilómetros el límite de seguridad previo. Este desajuste técnico obliga a replantear la estrategia de vallado y vigilancia en una de las zonas con mayor presión humana de Cataluña.
El plan de choque anunciado por Agricultura incluye el refuerzo de cercados en vías estratégicas como la N-2 y la B-23. Se busca crear barreras físicas que impidan el movimiento de unos animales que campan a sus anchas por zonas urbanas. Mientras tanto, las batidas continuarán en las áreas consideradas de bajo riesgo para intentar reducir la carga viral en el entorno.
La normativa impuesta es estricta: se prohíbe alimentar a los jabalíes y realizar cualquier acción que favorezca su dispersión. El Govern apela a la responsabilidad ciudadana, instando a no manipular elementos de control biológico. Además, se solicita a los vecinos que contacten con el 112 ante el hallazgo de cualquier ejemplar muerto o en mal estado.
Este escenario refleja la falta de previsión histórica en la gestión cinegética catalana. Durante años, la Generalitat ha caminado con pies de plomo para no incomodar a ciertos sectores del ecologismo urbano, postergando soluciones efectivas. Hoy, esa falta de contundencia se traduce en una amenaza real para la economía agraria y el orden público.
La PPA no es un asunto menor; es una patología que, si saltara a las explotaciones ganaderas, provocaría un desastre exportador sin precedentes. El sector porcino es uno de los motores de la economía catalana y no puede permitirse errores de cálculo. La administración debe pasar de los parches reactivos a una política de control de fauna mucho más agresiva y profesional.
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