El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a abrir un frente de polémica con su intención de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La medida, presentada como una iniciativa sanitaria, se percibe por muchos como una agresión directa contra los derechos de los fumadores, que ya cuentan con limitaciones muy severas en espacios públicos. El Ejecutivo parece más interesado en imponer prohibiciones que en ofrecer soluciones equilibradas que respeten tanto la libertad individual como la convivencia.
El debate no es menor. Si el Gobierno considera que fumar es tan nocivo para la salud, la coherencia exigiría plantear la prohibición total de la venta de tabaco. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene el negocio bajo su control, lucrándose a través de un monopolio que genera miles de millones de euros en impuestos. Resulta contradictorio que, por un lado, se fomente la persecución del fumador y, por otro, se dependa de su consumo para llenar las arcas públicas.
Más allá de la cuestión de fondo, la medida supone un golpe directo al sector de la hostelería, uno de los pilares económicos de España. Bares y restaurantes siguen recuperándose de los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19 y de las restricciones que entonces se impusieron. Limitar el uso de las terrazas, que en muchos casos representan una parte fundamental de sus ingresos, es añadir un obstáculo innecesario a un sector que en muchos casos no ha alcanzado los niveles previos a 2020.
La hostelería es también un motor de empleo. Cualquier medida que reduzca la afluencia de clientes impacta de forma inmediata en la contratación, en los horarios y en la rentabilidad de pequeños negocios familiares. La prohibición de fumar en terrazas no solo incomoda a los fumadores, sino que puede terminar desincentivando a quienes encuentran en esos espacios un lugar de ocio y convivencia.
La incoherencia del Gobierno resulta evidente. Mientras se mantiene una fiscalidad asfixiante sobre el tabaco, se criminaliza a los fumadores en espacios al aire libre, donde los riesgos de exposición al humo son notablemente menores. El resultado es una sensación de persecución selectiva que alimenta el malestar social y contribuye a erosionar la confianza en las instituciones.
Los hosteleros ya han advertido de que la medida puede tener efectos contraproducentes. En lugar de proteger la salud, lo que hará será ahuyentar a clientes y reducir la competitividad de un sector que compite cada día con dificultades crecientes, desde la inflación hasta el encarecimiento de suministros. La decisión del Gobierno, lejos de apoyar a uno de los sectores más sacrificados durante la pandemia, vuelve a situarlo en el punto de mira.
El debate, además, se enmarca en un contexto de creciente hartazgo con las restricciones y las políticas intervencionistas. Muchos ciudadanos perciben estas decisiones como un intento de controlar cada vez más aspectos de la vida cotidiana, mientras los problemas estructurales del país —como el paro juvenil, la falta de vivienda asequible o la precariedad laboral— siguen sin recibir soluciones efectivas.
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