Carles Puigdemont ha viajado a Bélgica a junto a otros miembros del Govern cesados el viernes en virtud del artículo 155 de la Constitución: Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC).
Durante toda la jornada de ayer se especulaba con que pretenden pedir asilo político al Gobierno belga, dado que su salida de España se ha hecho pública el mismo día en que José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, ha presentado sendas querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos contra todo el ex gobierno autonómico catalán.
Al ser Bélgica un socio de la Unión Europea, como España, la concesión de un presunto asilo político. Suena más a un acto de propaganda en el afán de los partidos secesionistas de “internacionalizar” el conflicto que una pretensión real de quedarse en este país como “presos de conciencia”. En resumen, otra payasada sin efectos reales.
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