Se avecinan problemas para el Govern de la Generalitat, y más concretamente para Esquerra, ya que la Oficina Antifraude investiga un posible caso de uso o destino ilegal de fondos públicos en la contratación de rastreadores para el COVID-19.
La Oficina ha iniciado la investigación de una denuncia presentada por un empresario de Girona en la que consideraba que existían irregularidades en el contrato de 17 millones de euros del Govern con la empresa Ferroser, filial de Ferrovial, encargada de los rastreadores de COVID-19.
En otra empresa del grupo Ferrovial es directivo un hermano de Oriol Junqueras, por lo que el denunciante gerundense ha acusado directamente a la consellera de Salud, Alba Vergés.
La Oficina Antifrarude tras analizar la documentación asegura que «se ha podido deducir un posible caso concreto de uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflictos de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público», señala el informe de la Oficina Antifraude.
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