
Se ha cumplido el quinto aniversario de los plenos del 6 y el 7 de septiembre en el Parlament, y es necesaria más que nunca, ante la escalada verbal de algunos líderes secesionistas como Laura Borràs, una reflexión serena sobre todas las barbaridades jurídicas que se cometieron en la cámara autonómica catalana esos dos días. Estos plenos fueron definidos por la constitucionalista Teresa Freixes, de manera acertada, como los «plenos de la vergüenza».
Es necesario que todos, constitucionalistas y secesionistas, reflexionemos sobre cómo esos dos días se intentó amordazar a la oposición y excluir del sistema político catalán a más de la mitad de la población.
El 6 y el 7 de septiembre de 2017 la mayoría separatista del Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad, en unos plenos sin garantías jurídicas, con continuos avisos de los letrados de la cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias a los partidos secesionistas sobre las ilegalidades que estaban perpetrando.
Ahora que está tan de moda la memoria histórica queremos dejar claro a los separatistas, y a los que confunden «diálogo» con «rendición», que nunca olvidaremos esas dos fechas. Como despreciaron a la oposición, como se saltaron todas las leyes democráticas, como mostraron su asco hacia los que no pensaban como ellos.
Esos días diputados de izquierdas, de centro y de derechas se unieron en el rechazo hacia la acción de un secesionismo empeñado en despreciar los derechos de los partidos de la oposición. Esa unidad de acción es más necesaria que nunca en estos momentos en los que el desafío separatista sigue adelante.
El 6 y el 7 de septiembre es la piedra angular del totalitarismo secesionista. En el relato de la lucha de la Resistencia al nacionalismo, nacionalismo que siempre y en todos los casos es separatista en una fase u otra, son dos fechas que se han de reivindicar, porque fue cuando los independentistas se quitaron la careta y se comprobó la fealdad de su mirada.
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