La legión perdida

La situación de disturbios y en algunos casos terrorismo urbano que estamos viviendo en Cataluña los últimos días evidencia muchos factores conocidos, pero no visibilizados política y socialmente hasta ahora.

La desaparición de las policías locales, con honrosas excepciones, en gran cantidad de estos disturbios evidencia otro de los grandes problemas del Estado en Cataluña, extensible a toda la geografía nacional.

Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, la plantilla de policía local en 2018 era de 10.968 efectivos: una auténtica legión.

¿Cómo puede permitirse un Estado serio que casi 11.000 policías armados dependan de las órdenes de alcaldes y regidores sin la más mínima formación o conocimiento en la materia? Desde la figura del ‘sheriff’, pasando por el cacique y llegando al extremo del antipolicía, tenemos cada 4 años una renovación de la dirección política de la cúpula policial sin respetar a los cuerpos de policías locales como institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada.

Ahora llega un nuevo proceso electoral y el Estado se preocupa de posibles incidentes y resulta que el cuerpo policial local es quien, por lógica territorial, colabora más activamente en dichos procesos electorales.

Asimismo se observan calles cortadas impunemente y los garantes del tráfico rodado en los municipios solo se observan en la distancia o cortando calles perimetrales, cuando las funciones de policía administrativa y de policía judicial también les competen.

¿Cómo se puede quejar un Estado serio de la situación caótica, desplazando continuadamente dotaciones de orden público desde otras comunidades autónomas y dejar a 11.000 policías que conocen perfectamente sus demarcaciones a las órdenes de alcaldes y regidores que, principalmente, son cómplices por acción u omisión de los problemas?

¿Cómo se puede permitir que las cúpulas policiales no estén protegidas de los vaivenes políticos que ubican a policías fake de su color político en las cúspides cortando las vías de ascenso jerárquico por mérito y capacidad profesional?

Las comunidades autónomas tampoco están por la labor, aquí en Cataluña más allá de alguna directriz que algunos cumplen y otros no, el órgano de coordinación de las policías locales estaría para suministrar instructores de expedientes disciplinarios, la gran mayoría ideológicos, a los ayuntamientos que así disimulan ser democráticamente imparciales, con el notable apoyo de instructores policiales muy bien remunerados y que suelen ser siempre los mismos.

Todo ello conforma un panorama en el que las policías locales están en todo, sometidos a los vaivenes políticos sin que puedan acudir a otro estamento diferente al poder judicial para defender sus derechos.

Urge una iniciativa legislativa que proteja a los policías locales de los excesos y perjuicios que ocasiona la subordinación absoluta a los alcaldes y regidores de turno.

Unificar normativa y criterios a nivel nacional porque la autonomía local es un principio garantizado por la Constitución Española, pero también lo es la seguridad pública, la cuál es también competencia de las policías locales y no pueden estar actuando cada uno a su manera según los intereses políticos de turno en aquellos temas que exceden su ámbito municipal competencial.

Ahora en Cataluña el Estado disponía de una legión de 11.000 profesionales que cada uno ha actuado según los dictados políticos de turno o su propia conciencia.

Finalizar recordando que no sólo en Mossos d’ Esquadra hay persecuciones ideológicas desde el ámbito político y ejecutores dentro de la propia policía sino que también abundan los que juraron o prometieron acatar la Constitución y se han olvidado de repente. Sería necesario un estatuto específico que protegiera a las policías locales en el ejercicio de sus funciones frente a las injerencias políticas y sin tener que saturar, más si cabe, al poder judicial.

David Hernández es presidente de Politeia


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