La izquierda no nacionalista, contra la Ley Celaá

Publicamos este manifiesto que será leído el próximo miércoles 2 de diciembre a las 19:00 en la concentración que las entidades abajo firmantes han convocado ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, en el centro de Barcelona.

Barcelona, a 2 de diciembre de 2020

Los partidos y organizaciones firmantes, que nos situamos dentro de la izquierda constitucional y no nacionalista, convocamos a todos los ciudadanos a manifestar su rechazo a una Ley que atenta gravemente contra los derechos lingüísticos, educativos y sociales de todos los españoles.

La izquierda oficial (PSOE/Podemos/Izquierda Nacionalista) ha desvirtuado y pervertido el lenguaje y los principios básicos del pensamiento de la izquierda, confundiendo a muchos ciudadanos, calificando de derecha y ultraderecha a quienes no apoyan su deriva reaccionaria, disgregadora y anticonstitucional. Con la imposición ─por el procedimiento de urgencia para asegurarse el apoyo de los independentistas a los PGE─ de esta Ley, da un paso más en su degradación política e ideológica, legislando en contra de la unidad e igualdad de todos los españoles, consagrando los privilegios de las minorías territoriales y en contra de los intereses de la mayoría de trabajadores.

¿POR QUÉ NOS OPONEMOS A ESTA LEY? QUINCE RAZONES PARA RECHAZARLA Y COMBATIRLA.

 1) Porque elimina el uso y la enseñanza de la lengua española en los centros educativos de media España, relegándola, en la práctica y en el mejor de los casos, al aprendizaje de una lengua extranjera.

2) Porque en Cataluña legitima y legaliza una situación hasta ahora rechazada por todas las sentencias judiciales contrarias a la inmersión obligatoria en catalán.

3) Porque elimina de la enseñanza el carácter oficial del español negando el derecho constitucional de cualquier padre o alumno a usar esta lengua en el ámbito escolar y en sus relaciones con la administración y los educadores.

4) Porque desprecia, margina y discrimina a una gran mayoría de alumnos que tienen el español como su lengua habitual, propia y materna, lo que dificulta su desarrollo personal, su aprendizaje y la adquisición de conocimientos y habilidades, favoreciendo el retraso y el fracaso escolar, lo que afecta sobre todo a los alumnos pertenecientes a las capas populares, que no tienen medios económicos para suplir esta dificultad añadida a su aprendizaje.

5) Porque la enseñanza pierde su función democratizadora e igualitaria al dejar de ser igual para todos, no ofreciendo las mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje, favoreciendo a quienes pueden recibir la enseñanza en su lengua materna que, además, se convierte en la única lengua oficial y de promoción social y personal.

6) Porque nadie puede ser discriminado por razones de lengua, y esta Ley es doblemente discriminadora para los hijos de los trabajadores hispanohablantes, a los que sitúa en condiciones de inferioridad frente a los hablantes naturales del catalán, vasco o gallego, pero también frente al resto de españoles, por su inevitable y deficiente dominio del español, pues no puede aprenderse una lengua que no se enseña, sino que se persigue.

7) Porque lo que dispone esta Ley favorece la consideración del español como lengua proscrita, rechazada no sólo en el entorno educativo, sino en el ámbito público y de trabajo, cargada de connotaciones negativas de todo tipo.

8) Porque el objetivo no disimulado de esta eliminación de la vida pública y privada del español no es otro que el favorecer el apoyo al separatismo independentista, adoctrinando en el odio y el rechazo de todo lo que se refiera a España y a lo español.

9) Porque niega al español la condición de lengua común y nacional de España, destruyendo un elemento fundamental de unión, cohesión e igualdad entre todos los españoles, además de ser una lengua universal que permite comunicarnos con más de 500 millones de hablantes del mundo.

10) Porque crea barreras lingüísticas interiores, impidiendo la movilidad social, el mercado libre de trabajo, la promoción profesional y el acceso en condiciones de igualdad a la función pública, entre otros derechos sociales. Y cuyos máximos perjudicados son los trabajadores obligados a la movilidad territorial.

11) Porque con esta Ley el Estado renuncia a una función esencial para promover la igualdad, como es otorgar y homologar los títulos académicos y profesionales, estableciendo pruebas comunes que igualen la capacitación de quienes los poseen. El Estado ya no es el garante de esas titulaciones, sino cada Comunidad Autónoma, que establecerá sus propios criterios y validaciones, lo que significa trocear, fragmentar y desintegrar un elemento fundamental de unión y mantenimiento de la soberanía nacional.

12) Porque elimina la Alta Inspección Nacional y la exigencia de oposición para acceder al cuerpo de inspectores, que serán elegidos a dedo, desvirtuando su función y dejando en manos de las Comunidades Autónomas el control de los contenidos de la enseñanza y la vigilancia del cumplimiento de las leyes que protegen a padres, alumnos y profesores, poniendo a estos últimos al servicio de los proyectos independentistas y partidistas, de acuerdo con quienes gobiernen en cada momento.  La experiencia empírica de estos últimos cuarenta años son prueba irrefutable de esta mala fe y su disposición a convertirnos en extranjeros en nuestro propio país.

13) Porque esta Ley pretende ir dejando sin recursos a los centros de educación especial, que acabarán desapareciendo, sustituidos por una integración forzada y forzosa en centros carentes de medios y profesionales adecuados para atender a las necesidades físicas, mentales y psicológicas de los distintos alumnos. La obligada inclusión, lejos de lograr una beneficiosa integración, podrá provocar todo lo contrario, una marginación y una desatención de sus necesidades reales.

14) Porque esta Ley no se preocupa para nada de controlar e impedir el adoctrinamiento ideológico y partidista en las aulas, sea del tipo que sea, y en especial el relacionado con la inculcación de ideas, relatos, sentimientos y prejuicios antiespañoles, negadores de la historia común, de la existencia de vínculos lingüísticos, culturales, políticos y democráticos que son la base de nuestra convivencia y del orden constitucional que asegura todos nuestros derechos. Nos oponemos, por lo mismo, a cualquier adoctrinamiento religioso y defendemos una enseñanza laica y respetuosa con todas las creencias, pero cuya educación no ha de incluirse en la enseñanza pública por pertenecer al ámbito privado. Por el contrario, es necesario introducir la educación cívica y constitucional como materia de enseñanza en los distintos niveles educativos.

15) Porque esta Ley no se ocupa de mejorar el sistema educativo, ni recuperar el esfuerzo, la responsabilidad, los contenidos cognitivos, el respeto a la autoridad académica, la incorporación a los últimos avances de la tecnología y el mundo digital. No hemos de olvidar que el único ascensor social de las clases más desfavorecidas es precisamente la aspiración a la excelencia y no a la igualdad por debajo, que de forma populista propicia esta ley al facilitar el paso de curso y las titulaciones con asignaturas pendientes y eliminando las pruebas comunes. ¿Qué mayor enemigo de las clases más bajas, que una mala educación?

(NOTA DE LA REDACCIÓN: elCatalán.es necesita su apoyo, en este contexto de grave crisis económica, para seguir con nuestra labor de defensa del constitucionalismo catalán y de la unidad de nuestro país frente al separatismo. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).