La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Backmobile”, han desarticulado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Han sido detenidas 15 personas, además de ser intervenidos 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.
La investigación se ha desarrollado sobre la actividad que venía operando desde 2019 la organización criminal desmantelada, sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La actividad investigada ha puesto de manifiesto una operativa comercial artificial basada en el aprovisionamiento de teléfonos importados y en compras en grandes superficies aprovechando promociones. Para la comercialización posterior, la organización llevaba a cabo una concatenación de reventas, al objeto de dificultar la trazabilidad de la mercancía.
La organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba las reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, en los que los investigadores pudieron corroborar que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.
En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados tanto en territorio nacional –aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) –, como en otros estados europeos a través de plataformas de comercio electrónico.
La aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, posibilitando el acaparamiento de los mercados y obteniendo beneficios económicos por estas ventas. El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.
Durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la organización criminal investigada dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad ilícita a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional. Han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias.
En esta fase han sido detenidas 15 personas: cinco en la provincia de Málaga, cinco en la provincia de Valencia, dos en la provincia de Madrid, una en la provincia de Sevilla, una en la provincia de Cádiz y una en la provincia de Barcelona, interviniéndose 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.
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