El descalabro en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) vuelve a quedar en evidencia. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) durante el periodo bajo análisis, ha publicado el informe definitivo de una auditoría interna. Este documento no hace más que confirmar las graves irregularidades que ya había detectado previamente la Sindicatura de Cuentas.
Se trata del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP). Un área de especial sensibilidad social, pero que funcionó con una laxitud inaceptable. El informe corrobora el absoluto desorden administrativo en el periodo en que ERC lideraba la Generalitat, un síntoma preocupante de su forma de gobernar.
La Sindicatura de Cuentas ya había puesto el grito en el cielo. Su informe cifró en nada menos que 167 millones de euros los pagos indebidos en diversas prestaciones subjetivas de la Generalitat entre 2016 y 2022. De esa astronómica cifra, cerca de cuarto millones de euros correspondían directamente a las ayudas destinadas a los jóvenes extutelados.
Este agujero financiero y administrativo es de tal magnitud que ha trascendido los límites autonómicos. El Tribunal de Cuentas ya está investigando este gasto irregular, lo que subraya la gravedad de la situación. No son meros errores de cálculo, sino un presunto descontrol sistemático en el manejo de fondos públicos.
La auditoría recién publicada examinó de forma detallada sesenta expedientes del SEVAP, seleccionados entre 2023 y 2024, con foco en la zona de Girona. Precisamente en esa demarcación, la Oficina Antifraude de Cataluña ya indaga una denuncia presentada por un trabajador de una entidad delegada. Esto sugiere que las deficiencias podrían ser estructurales y no casos aislados.
Las conclusiones del análisis son demoledoras. Solo en la muestra estudiada, el importe de las prestaciones económicas satisfechas de manera indebida fue de 118.367 euros durante el año 2023. Una cifra que no hace más que engordar, pues el total de pagos irregulares en 2024 dentro de esos mismos expedientes ascendió a 49.566 euros.
El gobierno autonómico catalán, ahora en manos del PSC hará llegar el informe a la Comisión de investigación sobre la actividad de la antigua DGAIA, constituida hace pocas semanas. La presión política sobre el periodo de gestión de ERC es cada vez mayor.
El actual Departamento de Derechos Sociales asegura que trabaja ya en la implementación de medidas correctoras. Dicen querer revertir este «descontrol», pero la pregunta clave es por qué se permitió llegar a este punto. La inacción o negligencia de los responsables políticos anteriores, bajo el paraguas de ERC, es difícilmente justificable.
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