La desamortización fue un proceso iniciado a finales del siglo XVIII, en el que se ponía a disposición del mercado, normalmente mediante pública subasta, bienes de la Iglesia y de las Órdenes religiosas que el Estado consideraba que no se les daba un determinado uso social, y que habían sido previamente expropiados. La primera desamortización se produjo en época de Carlos III, luego con Carlos IV devino la de Godoy, la de José I Bonaparte, la del Trienio Liberal, la de Juan Álvarez Mendizábal y finalmente la desamortización de Pascual Madoz.
El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia de la Iglesia, por el que el Estado pretende compensar económicamente a las personas damnificadas, ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte de la Conferencia Episcopal Española.
Para justificar esta decisión el Gobierno se basa en un informe del Defensor del Pueblo, que aporta la desorbitada cifra de 450.000 personas como potenciales víctimas, que equivale a un 1,13% de la población española que se supone que ha sido víctima de los supuestos abusos. Los hechos se remontan casi todos a episodios acaecidos hace treinta, cuarenta e incluso cincuenta años, y como es evidente sus causantes o tienen una avanzada edad o la mayoría ya han fallecido.
Evidentemente se produjeron episodios de abusos de menores en el seno de centros educativos regentados por la Iglesia, como los hubo incluso en una proporción mucho mayor en centros educativos laicos públicos y privados, y por ello entendemos que el Estado debería de preocuparse inicialmente en indemnizar a las víctimas de abusos cometidos en escuelas públicas, que dependen directamente de la Administración, para luego centrar su atención en las escuelas privadas y en las de la Iglesia. Pero según parece los únicos casos que han suscitado la curiosidad del Defensor del Pueblo y del Gobierno socialista, son los que atañen a la Iglesia católica. En base a esta consideración, de una forma muy acertada y ecuánime la Conferencia Episcopal ya ha avanzado que se avendrá a participar en un fondo de reparación en el que se incluya «a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia».
El plan gubernamental que está impulsado por el Ministro de la Presidencia y Justicia señor Félix Bolaños, ha manifestado que si la Iglesia española no indemniza económicamente a todas estas víctimas, lo hará el Estado «a sus expensas», añadiendo que «los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer estos abusos, de prevenir y reparar el daño». Sin embargo tratándose de un colectivo tan numeroso como el de 450.000 personas señaladas en el informe del Defensor del Pueblo, el monto total de la cifra indemnizatoria deberá de alcanzar proporciones astronómicas, y por mi parte dudo mucho que el adeudado Estado español tenga voluntad e incluso capacidad de abonar esas numerosas y cuantiosas indemnizaciones, salvo que el mismo ministro Bolaños o sus asesores tengan un plan de resarcimiento de esas cantidades.
En derecho romano y por extensión en todo nuestro ordenamiento jurídico civil, existe el denominado principio «solve et repete», que viene a significar «paga y luego reclama». Por ello es más que probable que el Gobierno de España tenga un siniestro plan que consista en adelantar las primeras indemnizaciones, y luego los servicios jurídicos del Estado se encargarían de ejercitar reclamaciones e interponer demandas judiciales contra la Iglesia, alegando que como ese dinero le correspondía pagarlo a la Iglesia, y como no lo ha hecho eludiendo su responsabilidad, el Estado está en su derecho de resarcirse de las cantidades entregadas a particulares.
Es probable que en una primera fase la Iglesia española tuviese capacidad económica de reembolsar esas cantidades al Estado, pero en fases posteriores en las que el Estado indemnizase a más y más personas, nuestra Iglesia que no tiene la capacidad de multiplicar panes y peces, tendría sus arcas vacías y no podría indemnizar a más personas. Llegado este punto se podría en práctica lo que denomino «el plan Bolaños», procediendo a embargar bienes inmuebles de la Iglesia, como pisos, residencias, escuelas, albergues, conventos e incluso templos de culto, para someterlos como ya hizo Mador y Mendizábal, a pública subasta.
Madoz y Mendizábal justificaron en sus respectivas amortizaciones, que el propósito era arrebatar a la Iglesia lo que se denominó «manos muertes», que eran bienes inmuebles como monasterios con grandes extensiones de terreno que no tenían productividad agrícola o ganadera, pero la nueva desamortización de Bolaños pretende arrebatar bienes que la Iglesia utiliza para fines sociales, que son precisamente aquellos fines sociales que el gobierno socialista no quiere o no puede atender.
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