La Comisión Bilateral Estado-Generalitat, reunida este lunes en el Palau, acordó que la Agència Tributària de Catalunya recaude el IRPF a partir del 1 de enero del 2026 y que se respete el principio de ordinalidad, lo que supone el fin de la solidaridad entre comunidades autónomas en materia de financiación.
Lo que los separatistas llaman “financiación singular” consagra, más que un pacto fiscal, una concesión estratégica. No se trata solo de reconocer capacidades administrativas; se está dibujando un mapa económico en dos velocidades que amenaza con romper el modelo de solidaridad interterritorial.
El acuerdo prevé comenzar en 2026 con la gestión del IRPF por parte de la Agencia Tributaria catalana, así como la recaudación íntegra de los ingresos de Cataluña, con mecanismos de aportación al Estado basados en principios y no en cifras concretas. Pero, ¿qué garantía existe de que esas transferencias solidarias efectivamente compensen a las demás comunidades? El principio de ordinalidad queda en una vaga promesa sin blindaje real.
El revuelo entre las comunidades de régimen general no se ha hecho esperar. Madrid, Andalucía, Extremadura o Castilla‑La Mancha hablan de agravio, privilegio y agrandamiento del “cupo catalán”. Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García‑Page, entre otros presidentes autonómicos, han denunciado una ruptura de la igualdad territorial.
Además de Page, el PSOE en las comunidades también se encuentra dividido. Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños, ha pedido una discusión urgente en el Consejo Federal, criticando la unilateralidad del pacto y reclamando un tratamiento multilateral para reformar el sistema. El problema es claro: esta financiación singular catalana se impone antes de un proceso común que las demás regiones, especialmente las infrafinanciadas, llevan reclamando desde hace años.
Desde el sector técnico ya alertan: sin cifras claras, sin cronogramas precisos, esta “singularidad generalizable” corre el riesgo de convertirse en una quimera que deja a las comunidades del régimen común jugando en desventaja fiscal estructural. A eso se suma el escenario financiero: la deuda autonómica está siendo condonada a golpe de compensaciones tibias, mientras se crea un sistema a la carta para Cataluña.
Las consecuencias para el resto de autonomías serán profundas: menor acceso a recursos comunes, mayores dificultades para planificar presupuestos y más presión política para exigir revisiones ad hoc, sin garantías de equidad. El descontento territorial aviva la amenaza de judicialización.
Este lunes no fue el encuentro de un pacto, sino el inicio de un proceso de desbordamiento del sistema actual. Un proceso que, si no articula una reforma verdaderamente federal y solidaria, podría terminar fracturando el Estado de las autonomías. Y todo ello con el silencio cómplice de quienes sostienen el Gobierno, deseosos de terminar la legislatura. El resultado podría ser una España con ciudadanos de primera y segunda categoría, según donde paguen sus impuestos.
NOTA: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
