El separatismo catalán ha vuelto a chocar con la realidad. Este sábado, en un intento desesperado por resucitar el espíritu de la confrontación, las entidades separatistas lideradas por la ANC y el fantasmagórico Consell de la República trataron de convertir el legítimo enfado por el mal funcionamiento de Rodalies en gasolina para su causa. El resultado fue un estrepitoso fracaso: apenas 8.000 personas secundaron la marcha matutina en Barcelona, según cifras de la Guardia Urbana.
La baja participación demuestra que la ciudadanía ha aprendido a distinguir entre la deficiencia de un servicio público y la manipulación política. Mientras el ciudadano medio sufre los retrasos diarios para llegar a su puesto de trabajo, el secesionismo pretendía que el malestar se canalizara exclusivamente hacia Madrid. Sin embargo, los catalanes ya no caen en la trampa de la «culpa externa» como solución a todos los males.
Es un hecho que la desastrosa gestión de los partidos separatistas durante la década del «procés» tiene una relación directa con el estado actual de las infraestructuras. Mientras el Govern de turno dedicaba esfuerzos y recursos millonarios a estructuras de Estado ficticias y embajadas en el extranjero, la gestión del día a día quedaba relegada a un segundo plano. La parálisis administrativa se convirtió en la norma.
El «todo o nada» que practicó el nacionalismo durante años ha pasado factura. Al priorizar el conflicto sobre la negociación técnica y la gestión de competencias, Cataluña perdió un tiempo precioso para modernizar su red ferroviaria. Los mismos que hoy queman banderas y gritan contra el Estado son los que, desde sus despachos en la Generalitat, prefirieron la pancarta a la licitación de obras necesarias.
La estrategia de manipulación del sentimiento de agravio está agotada. Los catalanes saben que los problemas de Rodalies son complejos y requieren inversión, pero también una gestión autonómica eficiente que no se pierda en quimeras. El fracaso del sábado es la prueba de que el relato de la ruptura ya no sirve como cortina de humo para tapar la incompetencia propia.
Años de inseguridad jurídica y polarización espantaron inversiones que podrían haber revertido en una mejor red de transporte. El separatismo ha sido un lastre para la economía y, por extensión, para la calidad de los servicios públicos. No se puede pedir eficiencia ferroviaria cuando se ha dedicado una década a intentar desmantelar el marco legal que garantiza la estabilidad necesaria para las grandes obras.
El intento de la ANC de «patrimonializar» el dolor de cabeza que supone Rodalies es un síntoma de su propia decadencia. Ante la falta de un horizonte político claro, buscan desesperadamente cualquier conflicto cotidiano para intentar recuperar la calle. Pero la calle les ha dado la espalda, prefiriendo soluciones reales a los gritos de siempre que no arreglan ni una sola catenaria.
La gestión del transporte exige rigor, colaboración institucional y una mirada larga que el separatismo nunca ha tenido. El caos actual es el hijo de la desidia de unos y el sectarismo de otros. Pretender que la solución al problema de los trenes es la independencia es tan absurdo como quemar una bandera para que el tren llegue a su hora: una puesta en escena inútil que solo convence a los convencidos.
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