La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, una de las entidades que promueve la acusación particular contra los autores de la demora injustificada de la vacunación contra la Covid-19 de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña, replica a la exconsejera de Salud de esa comunidad, Alba Vergés (ERC), que el viernes ha declarado, en condición de imputada, ante el juez que lleva las diligencias de este caso.
JUCIL, frente a lo declarado por la ahora vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, recuerda que si de verdad si hubieran aplicado sólo criterios sanitarios en el proceso de vacunación ahora ella no se encontraría investigada por un juez como la principal responsable del retraso en la vacunación. La demora fue de tal envergadura que, cuando prácticamente la totalidad de los Mossos d’Esquadra y policías locales de Cataluña estaban vacunados, sólo el 3% de guardias civiles y policías nacionales que residen en esta comunidad habían recibido el suero. Varios mensajes telefónicos presentados por algunos de los funcionarios de la Consejería, también investigados, vinculan directamente a Vergés con la decisión.
JUCIL reprocha a la máxima responsable de Salud cuando se decidió el retraso sin motivo justificado de la vacunación de los guardias civiles y policías que trate en estos momentos de enrocarse tras los sanitarios, cuando da a entender que insinuar estos retrasos en una ofensa a los profesionales de la sanidad.
“Los sanitarios actuaron según las órdenes que recibieron. No hay motivo para que se sientan ofendidos, ni perseguidos. JUCIL es una asociación democrática, no persigue a ningún partido político, pero sí persigue, porque ni el Ministerio del Interior ni la Fiscalía quieren hacerlo, a quienes jugaron con la salud de unos servidores públicos con claros criterios xenófobos, según el origen de los mismo”, ha declarado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
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