El grupo parlamentario del Partido Popular (PP) de Cataluña está convencido de la necesidad de hacer descarrilar el Proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, promovido por el Govern del PSC, ERC, Comuns y CUP, al considerar que será aún más lesivo para el mercado de la vivienda, añadiendo tensión a la situación actual que arrastra el sector. Es por ello que esta misma tarde ha impugnado la propuesta ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), dilatando de entrada su aprobación, prevista para mañana.
“No vamos a aprobar una ley que dificulte aún más el acceso a la vivienda”, ha sintetizado el portavoz de los populares en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, para fijar su posición. Y es que desde el PP son conscientes que el acceso a la vivienda, sea de compra o de alquiler, se ha convertido en el principal problema de los españoles y “desde luego, no es algo que se pueda corregir aplicando las malas políticas que lleva aplicando la izquierda los últimos 10 años y que solo han hecho que encarecer los alquileres y dificultar a los jóvenes la compra de su primera vivienda”.
Entre los argumentos esgrimidos por los populares para su valoración por parte del CGE se encuentra la vulneración del derecho a la propiedad privada. “Estamos ante un proyecto de ley que pretende condicionar, cuando no prohibir, que los propietarios de viviendas puedan disponer y destinarlas a los fines lícitos que consideren, ya sea vivienda propia no habitual u otros usos residenciales autorizados, y eso nos parece una intervención administrativa desproporcionada”, ha señalado el portavoz. “Que la Generalitat tenga competencias sobre urbanismo no le posibilita vulnerar derechos constitucionales fundamentales, como es el derecho a la propiedad”, ha insistido.
Con relación a los arrendamientos de temporada y de habitaciones, los populares entienden que la regulación prevista por la Generalitat es inconstitucional y, además, excede las competencias que tiene el Parlament de Cataluña. “Pretender regular los arrendamientos de temporada y habitaciones e imponer limitaciones sobre la renta y la duración de los contratos invade la competencia exclusiva del Estado sobre las obligaciones contractuales”, ha señalado
Fernández, añadiendo que también vulnera la autonomía de las partes intervinientes. “Es una intromisión legal inaceptable que pone en riesgo la seguridad jurídica y los derechos tanto de propietarios como de arrendatarios”, ha insistido.
Grandes tenedores
Otro de los puntos del proyecto de ley impugnados por los populares hace referencia al registro de grandes tenedores, “que consideramos inconstitucional porque vulnera competencias estatales, vulnera derechos fundamentales como son la intimidad y la igualdad, y genera un régimen jurídico desigual, desproporcionado y sin las garantías mínimas exigibles”, ha señalado Fernández.
El portavoz de los populares considera que el registro de grandes tenedores previsto, no solo entra en conflicto con el régimen básico estatal y excede la competencia autonómica, sino que al obligar a comunicar datos patrimoniales sensibles y la difusión y cesión de estos datos a otras administraciones públicas “sin habilitación legal expresa, vulnera claramente el derecho a la intimidad”.
Por último, el portavoz popular ha expresado que la vulneración del principio de igualdad se deriva de la regulación diferenciada entre personas físicas y jurídicas, “que no tiene una justificación objetiva y genera un trato desigual, desincentivando actividades de interés general”. “Es todo tan desproporcionado y abusivo, que no podemos hacer otra cosa que oponernos a que se tramite este proyecto de ley, porque va a empeorar, y mucho, el mercado de la vivienda” ha sentenciado.
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