La asociación Impulso Ciudadano ha presentado este martes un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona con el que solicita la retirada de la pancarta con la imagen de un lazo amarillo, que fue colocada el pasado 17 de junio por decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la fachada del consistorio municipal.
El Ayuntamiento ha hecho caso omiso del requerimiento efectuado por Impulso Ciudadano el pasado 20 de junio y ha dejado transcurrir el plazo de diez días que concede la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para contestar a la intimación. El plazo se agotó el pasado 5 de julio.
La entidad lamenta que el Ayuntamiento «se haya situado al margen de la Ley, con las consecuencias que ello conlleva». Así, solicita de los grupos municipales, especialmente de los que se encuentran gobernando, que «reflexionen sobre la improcedencia de esos comportamientos díscolos y acuerden retirar los símbolos favorables a la excarcelación de los presos independentistas».
A la vez, les pide que «no contribuyan, con este tipo de actitudes partidistas, a generar más tensión en una sociedad ya de por sí muy crispada».
Impulso Ciudadano ha solicitado del Juzgado que acuerde medidas cautelares y proceda a ordenar la retirada del lazo. y afirma que «cuando el recurso contencioso-administrativo se interpone para acabar con una situación de vía de hecho provocada por la Administración, la presunción de legalidad del acto es favorable al administrado que acude a los Tribunales y no a la Administración».
Por lo tanto, la entidad considera «muy probable que los Juzgados accedan a la petición de Impulso Ciudadano».
En el escrito de requerimiento, y ahora también en la presentación del recurso contencioso-administrativo, Impulso Ciudadano ha justificado su petición en el hecho de que la «presencia de pancartas con imágenes de lazos amarillos en administraciones públicas altera las reglas de la neutralidad política y atenta gravemente contra el pluralismo político y la libertad ideológica de los ciudadanos en su conjunto».
«Por ese motivo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento no debe jugar en el delicado terreno de los símbolos y, desde luego, pedimos que cese su colaboración con las entidades o personas que atentaron contra el ordenamiento constitucional y se burlaron del principio de legalidad. Quienes merecen la atención y el respeto de las instituciones son aquellos que defendieron la Constitución y no los que orquestaron un golpe institucional, siendo ahora incapaces de asumir la realidad social y política en la que viven», concluyen.
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