La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano denunció la semana pasada que la transferencia del Gobierno al PNV de la propiedad del palacete que es sede del Instituto Cervantes en París, «además de lesiva en términos simbólicos, estaba viciada de inconstitucionalidad. De un lado por el recurso a un Real-Decreto ley (el 9/2024, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre) para burlar el procedimiento administrativo reglado; y por otro, porque el Tribunal Supremo ya había tenido ocasión de examinar la cuestión en 2003 negando la titularidad al PNV».
Esta entidad que preside José Domingo argumenta que «el Gobierno violaba así al menos cinco artículos de nuestra Carta Magna: el 14 (igualdad) en relación con el 6 (pluralismo político) al atribuir un patrimonio de unos quince millones de euros a un partido cuando las demás formaciones no reciben compensación equivalente; el 9 (interdicción de arbitrariedad) al conferir un bien a quien no le correspondía reclamarlo; el 24 (tutela judicial efectiva) al evitarse la vía administrativo que sí permitía el recurso por parte de los ciudadanos; y el 86 que regula los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad de los Reales Decretos-leyes que no eran de aplicación para esta materia».
Impulso Ciudadano celebra que «el Congreso de los Diputados haya rechazado la convalidación de esta norma, pese al chantaje del Gobierno que lo había mezclado abusivamente con todo tipo de medidas de carácter económico». Confía en que se presenten y aprueben normas para la aplicación con efectos a 1 de enero de aquellas disposiciones «que sí resultarían beneficiosas para el conjunto de españoles».
Tras la no convalidación el Partido Nacionalista Vasco ha afirmado que ya ha “consumado jurídicamente” la apropiación del palacete parisino al registrar su titularidad. Ante esta actitud Impulso Ciudadano afirma que «su pretensión de quedarse con este palacete, y la del Gobierno de no reclamárselo, son completamente insostenibles legalmente en un Estado de derecho».
«En primer lugar porque la permanencia de los efectos jurídicos de un Real Decreto-ley no convalidado tiene carácter residual y sólo aplica cuando protege un bien superior, lo cual no es el caso en esta situación perfectamente reversible. En segundo lugar porque según se ha indicado, aunque se hubiera convalidado la norma, la cesión del inmueble sería inconstitucional y por lo tanto procede su anulación de raíz», argumentan.
Por todo ello Impulso Ciudadano ha solicitado al Defensor del Pueblo interponer recurso de inconstitucionalidad contra los efectos materiales que el PNV y el Gobierno pretendieran imponer en relación con el Real Decreto-ley anulado, «reteniendo la formación nacionalista un bien propiedad de todos los españoles y que alberga además una función tan valiosa como la defensa del patrimonio cultural común».
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