Pedret: «No pienso avalar con mi participación un proceso sin garantías democráticas»

Ferran Pedret (Barcelona, 1979) es el portavoz adjunto del Grupo de los Socialistas Catalanes en el Parlament. Es licenciado en Derecho por la UAB, y tiene un posgrado en Extranjería en la UB y un máster de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la UPF. Es el primer secretario de la Federación de Barcelona del PSC.

¿Cómo valora la situación general en Cataluña?

La recuperación económica general, después de los años más duros de la Gran Recesión, no está suponiendo para la mayoría de la población, ni en el conjunto de España ni tampoco en Cataluña, una auténtica salida de la crisis. Las políticas de devaluación interna y de desregulación han comportado que se hayan devaluado los salarios, se hayan degradado las condiciones de trabajo, se haya precarizado el mundo laboral, y que el efecto general de la crisis haya sido un aumento de las desigualdades y el de una mayor exposición al riesgo de exclusión social.

Las políticas de austeridad dogmática han laminado el conjunto de los servicios públicos que tienen que garantizar los derechos de la ciudadanía, como la educación y la sanidad. Pero también el transporte y la seguridad, por ejemplo, así como la atención a las situaciones de dependencia, las prestaciones y servicios sociales. En definitiva, se ha producido también una devaluación del salario social, o una degradación de las condiciones materiales de la libertad de cada persona, menguándola.

Cataluña también se encuentra inmersa en un bloqueo institucional, en un empate de impotencias alrededor de la cuestión de la secesión, que ha centrado buena parte de los esfuerzos del Gobierno de la Generalitat actual y de su inmediato predecesor. El independentismo ha sido un proyecto político capaz de generar un alto grado de movilización y de apoyo, pero a la vez incapaz de encontrar el consenso necesario para la realización de sus objetivos.

Creo que es hora de explorar proyectos políticos que, quizás sin exhibir grados de movilización comparables, sí que puedan converger en un punto de encuentro sobre el marco institucional que queremos compartir. Al mismo tiempo, creo que es el momento de construir las mayorías sociales y políticas necesarias para evitar que a la salida de la crisis se consolide el retroceso en el modelo social que las políticas implementadas en los últimos años han provocado y, más allá todavía, permitan la construcción de una democracia social avanzada.

¿Qué valoración hace de los últimos hechos ocurridos en Barcelona contra el autobús turístico por parte de Arran y Endavant?

El asalto de un grupo de personas a un autobús turístico, con el rostro tapado y esgrimiendo los punzones con los que pincharon las ruedas, circunstancia que, de manera comprensible, provocó un susto y un notable susto a las personas que estaban dentro, es una acción disparatada que nos preocupa y un error grave que nos parece que tendría que dirigir a una reflexión por parte de la organización que lo impulsó. La gestión del fenómeno del turismo en ciudades como Barcelona, así como la de sus efectos sobre la ciudad, tiene que ser y es una cuestión sometida a debate público.

Hacen falta propuestas y políticas para combatir la precarización de los puestos de trabajo vinculados al sector turístico, aunque también en otros sectores, para generar un modelo más equilibrado y sostenible. Siempre desde la perspectiva del “derecho a la ciudad”, que evite la despersonalización de la urbe, que preserve el uso ciudadano del espacio público, que evite la expulsión de su vecindario por la carestía de vivienda asequible y que distribuya mejor la riqueza generada por el turismo.

Por eso mismo, asaltos como el descrito no tendrían que encontrar ningún apoyo: ni asustar a las personas que visitan la ciudad, ni dañar vehículos públicos nos acercará a ninguna solución, ni puede avalarse como supuesta acción de denuncia. El debate ya existía, y no necesitamos ni queremos que nadie haga actos vandálicos contra autobuses ni amedrente a las personas que viajan para saber que es un tema trascendente sobre el que hay que actuar. Con inteligencia, voluntad transformadora y determinación, no a la manera de Arran.

¿Cómo ve las acciones que ha hecho el consistorio sobre el mismo?

El Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado que interpondrá denuncia por el asalto al bus turístico, lo que parece absolutamente razonable.

¿Qué cree que pasará el 1 de octubre? ¿Participará? ¿Qué hará usted ese día?

Parece difícil hacer un vaticinio sobre lo que puede pasar el día 1 de octubre. Atendidas las circunstancias, no creo que nadie esté en condiciones de hacerlo. No hay ninguna convocatoria, más allá de un anuncio informal. No hay amparo legal para lo que dice el Gobierno de la Generalitat que quiere hacer, y la proposición de ley que Junts pel Sí y la CUP han registrado en el Parlament sólo intenta proporcionar la apariencia de este amparo, alegando a un Derecho Internacional que no avala lo que pretenden hacer y, por eso y otras razones, sin poder proporcionarla.

No hay, ni puede haber ya a estas alturas, una consulta o referéndum con auténticas garantías democráticas para el conjunto de la ciudadanía. No se puede cumplir con los estándares internacionales en materia de procesos electorales que permitan predicar que la contienda ha sido realmente libre y justa, ni se puede cumplir con los criterios fijados al Código de Buenas Prácticas en materia de Referéndums de la tan citada Comisión de Venecia.

No es solo que se pretenda contravenir el Estatuto de Cataluña y la Constitución, sino que se pretende ignorar algo tan razonable como que la pretensión de operar un cambio político-institucional tan trascendente, cómo es el de la secesión de Cataluña respecto de España, tendría que hacerse disfrutando de un consenso tan amplio como sea posible sobre la licitud del procedimiento a través del cual esto se quiere conseguir.

Se da la circunstancia que este consenso no existe, ni entre la ciudadanía catalana, ni con las instituciones de ámbito estatal. El consenso democrático es algo relativamente frágil, que exige que una amplísima mayoría de la ciudadanía reconozca que sus instituciones son, a la vez, legítimas y representativas. Lo que el Govern quiere hacer el 1 de octubre nos podría abocar hipotéticamente a un escenario en el que una parte significativa de la población catalana considerara legítimas y representativas unas instituciones, mientras otra parte significativa les negara esta legitimidad. Nadie tendría que querer llevarnos a un escenario como este, y por lo tanto, no pienso avalar con mi participación un proceso sin garantías democráticas.

¿Cómo valora la huelga que está sufriendo el aeropuerto del Prat? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo ve el papel del Gobierno catalán? ¿Y las reivindicaciones de los trabajadores? ¿Y la ‘performance’ de la ANC?

Sin duda, los efectos del conflicto laboral dentro de la empresa Eulen, en una infraestructura estratégica para el transporte como es el aeropuerto de El Prat de Llobregat, y en unas fechas tan sensibles como las veraniegas, han impactado sobre muchos miles de personas y tienen que ser motivo de preocupación. También ha sido preocupante ver a varios actores institucionales pasarse la pelota y tratando de responsabilizar al resto de la situación vivida, sin que se haya visto, hasta hace pocos días, auténtica voluntad de aportar soluciones.

Los trabajadores y trabajadoras de Eulen en dicho aeropuerto reivindican, resumida y legítimamente, más personal, más formación y mejoras salariales. La huelga es uno de los instrumentos de presión que los trabajadores y trabajadoras tienen a su disposición cuando existen conflictos laborales como el descrito, y lo subrayo porque en ocasiones como esta se tiende a culpabilizar a los trabajadores por el ejercicio de un derecho, como es el derecho de huelga.

Ahora bien, una ciudad como Barcelona, y una infraestructura como el aeropuerto de El Prat, no se pueden permitir la prolongación de los efectos del conflicto, y es responsabilidad de AENA, de Eulen, de los Gobiernos y de los sindicatos buscar el acuerdo en la mayor brevedad posible. El Ayuntamiento de Barcelona y su alcalde accidental, Jaume Collboni, se dirigieron a las administraciones implicadas exigiendo que ejercieran sus responsabilidades para desbloquear el conflicto.

Me ha entristecido y, hasta cierto punto, me ha hecho sentir vergüenza ajena, ver como se ha probado de emplear políticamente la huelga, sea contra el Ayuntamiento de Barcelona, sea a favor de las tesis independentistas, a menudo con pseudo-argumentos que no se sostenían de ninguna manera.

¿Cómo valora las acciones por parte del Gobierno catalán en política social?

El Govern actual es heredero, en materia de políticas sociales, de los importantes recortes que CiU acordó con el PP en los presupuestos de la Generalitat, cuando la presidía Artur Mas. Si bien es cierto que la inversión en políticas sociales ha empezado a recuperarse en los últimos presupuestos, las partidas quedan todavía muy lejos de las logradas en 2010. Más allá de una retórica banalmente progresista, en la que nos chirría encontrar a los liderazgos del PDECAT, hemos visto poco compromiso del Gobierno en el conjunto de las políticas sociales, y poca valentía a la hora de replantearse la política de ingresos, dentro de los márgenes de los que efectivamente dispone la Generalitat.

Una importante conquista, lograda gracias al impulso de la sociedad civil catalana, como es la regulación de la renta garantizada de ciudadanía, puede quedar lastrada o directamente descarrilar si la carencia de compromiso de la Generalitat, que hemos visto en muchas políticas sociales como por ejemplo en el nulo apoyo a la etapa educativa de los 0 a los 3 años, se extiende a este nuevo instrumento.

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