La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que lidera Escuela de Todos/ Escola de Tothom, ha presentado hoy solicitud de ejecución forzosa de la sentencia 5201/2020, de 16 de diciembre, sobre porcentaje de lenguas oficiales en los centros educativos de Cataluña, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La petición de ejecución forzosa defiende la legitimación de la entidad (AEB) y de las 1.643 familias y alumnos que forman parte del sistema educativo catalán que se declaran perjudicados por el incumplimiento de la sentencia.
En su escrito a la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJC, la demanda critica la contestación del Departamento de Educación a la Sala que viene a confirmar la voluntad incumplidora del Gobierno catalán. El escrito aporta, entre otras pruebas del incumplimiento de la sentencia sobre el 25% de enseñanza en lenguas oficiales, las siguientes:
-La literalidad de la proposición de ley de reforma de la Ley de Política Lingüística presentada el 24/03/2022 en el Parlamento catalán por ERC, PSC, JxCat y ECP no garantiza el cumplimiento de la sentencia 5201/2020. Asimismo, considera intrascendentes para esta cuestión los dos documentos a los que alude el Gobierno catalán en su comunicación: un Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4º de ESO, del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, y un informe del Síndic de Greuges sobre derechos y usos lingüísticos de niños y adolescentes.
-La voluntad incumplidora del Gobierno catalán queda evidenciada en la demanda con una docena de manifestaciones públicas de altos cargos de la Generalitat, empezando por el Presidente Aragonés, descalificando la sentencia del 25% o llamando a su incumplimiento.
-Los proyectos lingüísticos de 300 centros educativos que consideran al catalán como única lengua vehicular.
También ha adjuntado la resolución de inadmisión del Departamento de Educación a la solicitud de información de la presidenta de la AEB sobre la modificación de los proyectos lingüísticos. La Secretaria General del Departamento ha considerado que “la recopilación de la información y la documentación solicitada requiere de una tarea compleja de elaboración que los servicios centrales del Departamento no pueden asumir”.
La demanda de ejecución forzosa concluye con una serie de requerimientos y advertencias al Consejero de Educación, que a continuación se resumen:
-Requerir al Consejero de Educación (…) para que se garantice el derecho de todos los alumnos a recibir la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, esto es el castellano y el catalán, en porcentajes que no pueden ser inferiores al 25% en cada una de estas lenguas. A esos efectos, se deberá ordenar al Departamento de Educación (…) se disponga que todos los centros educativos catalanes:
+Procedan a modificar sus proyectos lingüísticos de manera que se recoja expresamente la condición del castellano y del catalán como lenguas vehiculares (…).
+Aprueben una programación para que en todos los cursos se impartan de manera efectiva al menos el 25% de las asignaturas o materias o actividades de carácter troncal o análogas en cada una de las lenguas oficiales.
+Contemplen que el material didáctico necesario se deberá corresponder con la lengua docente y eso también afectará a las pruebas de evaluación.
+Determinar un plazo máximo de un mes para la modificación de los proyectos lingüísticos (…).
-Requerir al Consejero de Educación para que aporte certificado con el porcentaje de horas lectivas en castellano y en catalán en cada centro educativo (…), de manera que el cómputo de horas lectivo-curriculares se ajuste al porcentaje de un mínimo del 25 % en catalán y en castellano como lenguas vehiculares y de aprendizaje.
-Requerir al Consejero de Educación para que aporte certificado extendido por el director o directora de cada centro educativo y visado por la Inspección de educación con los porcentajes de castellano y de catalán que se imparten en cada centro como lenguas vehiculares (…).
-Advertir al Consejero de Educación que en caso de incumplimiento (…) se derivarán las pertinentes responsabilidades y que en caso de que el director o directora del correspondiente centro educativo no promueva los cambios necesarios en los proyectos lingüísticos (…) o no extienda el certificado se les advierta de que pueden incurrir en responsabilidades penales así como hacer frente a la indemnización de daños y perjuicios (…).
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