Las comunidades autónomas son instituciones españolas que ejercen una parte del poder del Estado en un reparto de competencias establecido por la Constitución.
La asignación de esas competencias es asimétrica, tanto por el proceso que la propia Constitución define como forma de acceso a la autonomía, como por las cesiones de competencias que, desde el Gobierno a las Comunidades Autónomas, se han hecho a lo largo de las más de cuatro décadas de continuo derrotismo gubernamental.
El sistema autonómico español está considerado por muchos expertos como un sistema federal o cuasi federal. La realidad es que combina elementos confederales, federales y descentralizadores.
No lo digo por primera vez, pero nuestro sistema autonómico bebe, en esta materia, de la Constitución de la Segunda República Española. En aquella, el acceso a la autonomía era más exigente, pues se necesitaban para ello las dos terceras partes del censo electoral (ver artículo 12 del Titulo Primero: Organización Territorial), mientras la Constitución del 78 tan solo exigía más de la mitad del censo (Capítulo Tercero del Título VIII. De las Comunidades Autónomas). En Cataluña, con un censo de casi cuatro millones y medio, tan solo acudió a votar su Referéndum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía un 59,7% ─no llegaba ni a los 2/3, el 66%─; de los que votaron, un 88,15% lo hizo a favor, lo que permitió superar la mitad del censo: un 52,62%. Si se revisan los datos observaremos que la provincia de Tarragona no llegó a la mitad del censo: se quedó en un insuficiente 47,38%.
La redacción de la Constitución del 78, excesivamente indefinida, permitió la sentencia del Constitucional que anulaba la LOAPA. Desde entonces se ha instalado en la sociedad española un sentimiento de anuencia, de resignación, de pensamiento débil que asume como imposible una reforma racional del sistema territorial. Parece que solo cabe huir hacia adelante en un proceso de desmembración de España. Todo ello alimentado desde un complejo de culpa de la izquierda, heredada del mal entendido antifranquismo, junto con una renovada leyenda negra, bien financiada desde los nacionalismos y nuestros propios gobernantes, que llevan al español a avergonzarse de serlo. Se puede ser catalán, gallego, andaluz, valenciano, asturiano o extremeño, pero no español.
La izquierda antiespañola de España reclama el derecho de autodeterminación como cura de fierabrás, sin entender que la ruptura del Estado Español (ahora sí) es el mayor ataque a los derechos de la clase obrera que dice defender. Algunos más “progresistas” apuestan por el federalismo como solución, sin entender que el federalismo, históricamente, es un proceso hacia la unificación. Plantear un incremento de competencias para ciertas autonomías solo puede llevar a una confederación o a una secesión de parte.
La Segunda República Española huyó de la definición de “Estado Federal”, de forma muy consciente ─se define como Estado Integral, no por casualidad─, tras la experiencia de la Primera República y su degeneración cantonalista. Hoy nos acercamos peligrosamente a una situación no similar sino más grave.
La pandemia parecía, para algunos, situarnos en un nuevo escenario donde el secesionismo saldría más debilitado. Nada más lejos de la realidad. Durante el estado de alarma las acusaciones de recentralización han sido constantes, y el Gobierno de coalición ha sido incapaz, no ya de imponer su autoridad, sino tan siquiera de coordinar razonablemente a las Comunidades Autónomas. Las continuas actitudes de humillación ante los nacionalismos negando que existiera ánimo de recentralización denotan la debilidad del Gobierno central, no solo por su dependencia de los votos nacionalistas, sino también por su falta de proyecto para España.
Recuperaron las competencias en sanidad y no parecen estar haciendo lo mejor.
Tal vez es hora de que hablemos de recentralización desde la izquierda. En Sanidad, cada autonomía se ha dedicado a privatizarla, beneficiando a consorcios privados políticamente afines. A las Mareas Blancas les falta un discurso más contundente para que se les entienda su apuesta por la Sanidad Pública: reclamar, junto a la desprivatización de todo lo privatizado, el retorno a la Administración Central de las competencias en Sanidad.
Lo mismo podemos decir de la Educación. Si no hay Lealtad Constitucional, no tiene sentido que cada Autonomía tenga competencias educativas plenas para dedicarlas a sus procesos de “construcción nacional”. La enseñanza de todas las lenguas españolas (catalán, vasco, gallego, español) puede perfectamente asumirlas el Estado Central, manteniendo en cada zona una convivencia lingüística sana y cooperativa.
Las vergonzosas declaraciones de cargos del Govern de la Generalitat sobre la inconveniencia del uso del castellano o español en TV3 y en el Parlament de Catalunya demuestran el uso espurio que se lleva haciendo del tema desde que Jordi Pujol ─un monarca sin corona al que nadie parece querer juzgar─ llegó a President. No son salidas de tono: es una constante a la que la izquierda y la derecha española han puesto siempre en sordina.
Cuán equivocado estaba Miguel Hernández (con dolor le reescribo):
Somos de un pueblo de bueyes,
somos de un pueblo que embargan
yacimiento de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Hoy ya medran los bueyes
en los páramos de España.
¿Quién acabó de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán,
hoy sí, yugos y trabas,
y quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
Como Gil de Biedma, pido:
Pido que España expulse a esos demonios.
Que la pobreza suba hasta el gobierno.
Que sea del hombre el dueño de su historia.
Nou Barris, Barcelona. Julio de 2020
Vicente Serrano.
Miembro de la Junta Directiva de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista.
Autor del ensayo EL VALOR rEAL DEL VOTO. Editorial El Viejo Topo. 2016
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