Hace unos días, la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, anunció que su Departamento ha elaborado un informe técnico para la retirada del monumento a la Batalla del Ebro, situado en Tortosa. Una decisión que choca frontalmente con la voluntad de los vecinos expresada en la consulta ciudadana de 28 de mayo de 2016.
En esta consulta, donde los tortosinos pudieron elegir entre “retirar y museizar” el monumento a la Batalla del Ebro o “mantener, reinterpretar y contextualizarlo para promover la memoria histórica y la paz”, la segunda opción ganó con el 68% de los votos y unos niveles de participación muy superiores a cualquier otra consulta ciudadana, hecho que remarcó el entonces alcalde, Ferran Bel en rueda de prensa.
La misma noche, el representante local de ERC, Felip Monclús, aceptó los resultados en nombre de su partido e instó al Ayuntamiento a hacer efectivo el resultado, pese a reconocer que “pensaba que más gente votaría a favor de su retirada”. Una reflexión coherente con el talante del partido republicano que, según Capella, “garantiza que los ciudadanos sean protagonistas a la hora de elegir su futuro”. De la misma forma que Monclús, el resto de fuerzas políticas con representación en el consistorio a excepción de la CUP respetaron los resultados.
En este sentido, el anuncio de Capella al que hago referencia al inicio del artículo puede sorprender al lector, porque viene a poner a la representante pública delante de un espejo, y no creo que se guste.
ERC, ese partido que, según la consellera “se compromete con lo que dice” y visualiza las organizaciones políticas como “instrumentos para lograr los objetivos de la ciudadanía”. Ese partido político cuyo éxito, sigue Capella, “se basa en la coherencia”; una coherencia que brilla por su ausencia en una cuestión como la del monumento, donde la máxima del mandato democrático parece no aplicarse.
En este supuesto, más que de abanderada de dicho mandato, la consellera está actuando como la censora general de Cataluña, añadiendo un capítulo más a la historia de la imposición moral sobre la libertad cultural. Un episodio análogo al que la humanidad presenció en 2001, cuando el régimen talibán decidió bombardear y destruir los Budas de Bamiyán por ser considerados contrarios a su moral.
Capella, enarbolando el lema del “todo por el pueblo pero sin el pueblo”, debe considerar que la ciudadanía de Tortosa no tiene derecho a decidir sobre el futuro de aquellos elementos que afectan a su municipio, y que una reinterpretación que erija en la pilastra del antiguo puente de la Cinta un símbolo de paz y reconciliación no es conveniente según sus filtros dogmáticos. A lo mejor la consellera también nos quiere decir qué votar, cómo vestir o a qué hora llegar a casa.
Como ciudadano de Tortosa le pido a la consellera que respete la voluntad popular expresada de manera clara e inequívoca en la citada consulta. Una petición que, a la vez, exige de la valentía política, la generosidad y la coherencia de nuestros representantes municipales.
Porque, consellera, no se puede defender la voluntad popular solamente cuando a uno le interesa, puesto a que se pierde toda la credibilidad política que se espera de un representante público. Porque cuando pisas esa línea roja, la realidad te pone delante de un espejo y no te gusta nada lo que en él se refleja.
Robert Albiol
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