Entrevista a José Antonio Zarzalejos: “Los escritos de Torra le invalidan como político del siglo XXI”

Exdirector de cabeceras como El Correo o ABC y actual columnista en El Confidencial, José Antonio Zarzalejos (1954, Bilbao) es una de las voces más influyentes del panorama periodístico español. En esta conversación con elCatalán.es Zarzalejos critica con firmeza pero sin aspavientos los excesos cometidos por el movimiento secesionista.

Son muchos los analistas que vinculan el nacionalismo con el populismo. ¿Qué tienen en común?

El nacionalismo que ha derivado al independentismo tiene la misma base que el populismo: promesa de un mundo mejor a base de soluciones simples a problemas complejos, creación de un enemigo exterior aglutinante, reformulación de la democracia representativa en otra de carácter directo y asambleario, negación de la legitimación del Estado y, por último, comportamientos iliberales —es decir, de cierto cariz totalitario, porque el pueblo, sin matices, sería un todo cohesionado bajo un liderazgo caudillista—. Estos rasgos se dan en determinados nacionalismos. Por ejemplo, en el catalán derivado a secesionismo.

La tentativa de escisión unilateral llevada a cabo por el separatismo ha sido calificada como “pronunciamiento civil” o “golpe posmoderno”. ¿Cómo llamaría usted a lo ocurrido el año pasado en Cataluña?

Ha sido un pronunciamiento según el concepto kelseniano. Es decir, uno en el que no media violencia física ni armada, pero sí una intimidación de mayorías sobre minorías con el propósito de anular la legitimidad del ordenamiento jurídico democrático y remplazarlo por otro ex novo. Es lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento catalán. Hay autores que hablan de “golpe posmoderno”, otros, simplemente de “golpe parlamentario”. Para mí fue un atentado democrático tan grosero como, luego, fracasado. Resultó anacrónico e irreal.

Tituló una de sus columnas “Señor Torra, pídanos perdón”. ¿Por qué razones debería hacerlo?

Torra es autor de unos escritos que son, en el mejor de los casos, supremacistas, y, en el peor, racistas; y, desde luego, xenófobos. Enlazan con la peor raíz étnica del nacionalismo catalán, que ha sido más cultural y lingüístico que étnico, como lo es el vasco. Pero Torra mejora a Sabino Arana. El presidente de la Generalitat debió pedir perdón expresamente por esos escritos insultantes en los que atribuía a los españoles una inferioridad genética y nos dedicaba exabruptos propios de etnicistas de los años treinta del siglo pasado. Esas reflexiones le invalidan como político en el siglo XXI. Torra ocupará un pasaje pequeño y desgraciado de la historia de Cataluña.

Artur Mas acusó recientemente a Ciudadanos de ser los “grandes fracturadores de la sociedad catalana”. ¿Le parece cierto?

No, en absoluto. Mas está acusando a Ciudadanos de lo que es él el responsable. El gran destructor de la Cataluña autonómica y catalanista es Artur Mas, al que el proceso se le escapa de las manos y cobra vida propia. Ciudadanos es, inicialmente, una reacción a la agresión a los disidentes de la hegemonía social y política secesionista. Mas intenta transferir su responsabilidad a quienes se vienen oponiendo a las políticas de homogenización de una sociedad plural como la catalana. Los secesionistas piden gregarismo, docilidad y acatamiento. Ciudadanos es la respuesta directa de más de un millón de catalanes, a sumar a los votantes del PP y del PSC.

Por otra parte,  mientras el nacionalismo ha insistido en equiparar a este partido con el PP, usted ha señalado sus diferencias.

Es que Ciudadanos es un partido liberal y laico. Y el PP es conservador y confesional. Además, los liberales entienden la unidad de España desde la ciudadanía y el PP tiende a explicarla desde el historicismo. Actúan desde perspectivas ideológicas y orígenes —incluso generacionales— diferentes. Coinciden en objetivos pero llegan a ellos por muy diferentes caminos. Por ejemplo, Ciudadanos apoya la plataforma de Valls, que es un político de centro izquierda. Eso jamás lo hará el PP. Y, sobre todo, busquemos las diferencias en los orígenes. Unos vienen de la transición —incluso del tardofranquismo— y Ciudadanos es un fenómeno político de más amplio espectro que nace en la primera década del presente siglo.

La propia Generalitat ha informado de que la facturación de las empresas que han abandonado Cataluña ronda los 100.000 millones de euros. Sin embargo, según un sondeo reciente, el apoyo a la secesión ha crecido levemente, situándose en el 51%. ¿Cómo lo explica?

No me cuadra ese porcentaje del 51%. La sociedad catalana ha estado sometida a una enorme mentira. Ahora lo estamos comprobando. Ha sido un proceso de “farol” —Clara Ponsatí dixit—, no había “estructuras de Estado”, ni decisión política de “hacer república”. Los días de la frustración se produjeron entre el 27 y el 30 de octubre: bandera española en el Palau de la Generalitat, huida de Puigdemont y paralización absoluta de los responsables de la asonada, que acataron, como toda la administración catalana, el 155. Ocurre que tardará tiempo en que permee la realidad de que el  procés ha sido un artificio. Lo dicen, incluso, sus hermeneutas mediáticos e intelectuales. No sólo no hay independencia sino que la autonomía está colapsada. La vida institucional de Cataluña no existe. Desde la Generalitat hay una dedicación exclusiva a la más estéril agitación y propaganda.

En los últimos cinco años, el Govern ha recaudado 240.000 euros en multas a comercios que no rotulan en catalán. ¿Qué opina de este tipo de sanciones?

Que no es la manera, en absoluto, de construir una sociedad bilingüe; que la coerción en este terreno está contraindicada, que es un abuso, que es un error. La lengua es un factor identitario decisivo en Cataluña y por serlo merece evitar el bochorno represivo de este sistema inquisitorial de sanciones.

Luego de que la Alta Inspección educativa haya denunciando el sesgo secesionista de algunos libros de texto, el Gobierno ha afirmado que controlarlos sería “censura”. ¿Es así?

En absoluto. La Alta Inspección para la educación se creó en los años ochenta y noventa como una misión más de las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas. La educación es titularidad del Estado y sólo su gestión está transferida. Por ello, la Alta inspección cumple, o debería hacerlo, una misión que está normativamente especificada. De censura, nada; es un control legal y democrático al que el Estado no puede renunciar.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se ha mostrado partidaria de indultar a los políticos presos por el procés. ¿Le parece una medida conveniente?

Hablar de indultos ahora es algo peor que una frivolidad: es una estupidez. No hay nada que indultar, de momento. Apelar al derecho de gracia cuando no hay condena es una precipitación que, quizás, se inscribe en una política de apaciguamiento respecto de la sensible cuestión de los presos preventivos. Pero no puede ser más torpe, y agravia al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, órganos jurisdiccionales a los que se envía un mensaje despectivo: resolváis lo que resolváis, el Gobierno indultará. Y tampoco es así. El indulto tiene elementos reglados, y no es un acto administrativo que el Gobierno pueda dictar sin atenerse a unas condiciones establecidas claramente en la ley.

Tanto Pablo Iglesias como Ada Colau han vuelto a defender que al conflicto catalán pasa por celebrar un referéndum de autodeterminación. ¿Sería dicha consulta una solución?

Una consulta de autodeterminación no cabe en la Constitución; un referéndum consultivo sobre esta materia, tampoco. Cabe un referéndum sobre un nuevo Estatuto. España es constitucionalmente como Alemania o Francia, con la diferencia de que podría cambiarse la Constitución para permitir ese tipo de consultas pero sería una reforma agravada que requeriría el voto mayoritario de los españoles en circunscripción única. Nuestro sistema nada tiene que ver con el canadiense ni con el británico. El independentismo quiere abrir el melón de la consulta porque sería tanto como reconocer el derecho de autodeterminación. Una cesión que reventaría el sistema.


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