Fundador de medios como El Debat y Crónica Global, Francesc Moreno es ahora editor del El Liberal, un digital catalán de reciente creación asociado a Vozpópuli. En esta conversación con nuestro diario, centrada en el problema catalán, Moreno lamenta que en esta comunidad un “colectivo inmenso viva con sus derechos subordinados” y “no se sienta representado por el gobierno de la Generalitat”.
En un artículo reciente alertaba de que Cataluña vivía una “ofensiva iliberal”. ¿En qué consiste dicho ataque?
Es una ofensiva que se está viviendo en todo occidente. El auge de los populismos y de los nacionalismos ha provocado una exacerbación de los llamados derechos colectivos. En nombre de estos derechos, se anatemiza a todo aquel que adopta una postura crítica. Es lo que ocurre con el feminismo: cualquiera que denuncie sus excesos —como la eliminación de la presunción de inocencia— es acusado de amparar la violencia machista. Lo cual no es de recibo: estar en contra, por ejemplo, de los asentamientos israelís en Cisjordania no te convierte en antisemita. Si a ello se le suma el desprecio de estos movimientos por la legalidad, la democracia se vuelve inviable.
Por lo que respecta a Cataluña, vivimos una doble deslegitimación de la democracia liberal. Por un lado, tenemos a los nacionalistas, que no respetan las leyes españolas ni las catalanas —recordemos que declararon la independencia con una mayoría que ni siquiera les hubiera permitido nombrar a los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales—. Por otro, también deslegitima las leyes el populismo, que anima a saltarse aquellas que considera injustas. Esta deriva pone en crisis la democracia liberal, basada fundamentalmente en los derechos individuales y en el respeto a la ley. Y es que se pueden realizar todas las reivindicaciones que se quieran, pero si no se aceptan unas reglas del juego comunes, acaba imperando la ley de la selva.
También se ha mostrado muy crítico con un manifiesto, firmado por 200 intelectuales, que exige una “solución política” para Cataluña. ¿Por qué?
Básicamente, porque obviaba los hechos fehacientes que nos han conducido hasta aquí. Yo respeto que alguien sea independentista, pero no que dicte unas leyes contrarias a la Constitución, declare unilateralmente la independencia y, finalmente, justifique la violencia en las calles. Todo eso no se puede reducir a un “problema político”.
Por lo demás, a mí me parece bien volver al plano político, pero debe hacerse desde la comprensión de la realidad. Y lo primero que se ha de tener en cuenta —y que ya ha pasado a un segundo plano— es que en Cataluña existe un colectivo inmenso que tiene sus derechos subordinados. Hablemos, sí, pero de todo. El regreso a la política no debe limitarse a la relación entre las instituciones catalanas y las del Gobierno central, sino también al papel de las instituciones en Cataluña. Y es que, hoy en día, las administraciones catalanas son agentes dedicados a la agitación y propaganda. Si este gobierno fuera una empresa, nos podríamos preguntar cuántas horas dedican sus miembros a hacer su trabajo de verdad y cuantas malgastan en el procés. Estas últimas deberían considerarse malversación de fondos.
El PSC ha debatido en su último congreso el papel de TV3 como “agitadora del procés”. ¿Se ha comportado como tal?
Es cierto que todos lo canales están condicionados por el poder político. Según quien mande, los informativos y la tertulias políticas van en una dirección o en otra. Pero lo de TV3 es distinto, porque en ella toda la programación está diseñada en clave nacionalista: desde los programas infantiles hasta los de entretenimiento o humor. Esto es típico de regímenes totalitarios, pero no de una democracia.
Por otra parte, sus trabajadores cobran sueldos formidables, por lo que defienden sus intereses a capa y espada. En ocasiones, yendo incluso más lejos de lo que les piden sus jefes. Ya sabemos que a veces el capataz puede ser más cruel que el patrón. Así, no hablamos solo de una televisión agitadora de una causa, sino también del puro interés económico de una casta muy desarrollada.
Los socialistas catalanes también apuestan por “flexibilizar” el modelo de inmersión lingüística. Mientras que algunos expertos han celebrado la noticia, las asociaciones probilingüismo se muestran escépticas. ¿Cómo valora usted la iniciativa?
Lo que han planteado —que ya lo planteó antes Bargalló: aumentar la horas de castellano donde se detecten carencias—, ocupa una parte del problema. Esto es, la realidad absolutamente meridiana de que los niños de ambiente catalanoparlante, de familias de clase media-baja, no tienen ni puñetera idea de castellano. Al menos, se muestran incapaces de manejarse en un castellano culto. Esto es lógico, porque con dos horas a la semana no se aprende un idioma. Que nadie le cuente ficciones.
Pero la otra parte del problema es que no se respetan los derechos de los castellanohablantes. El primero, a tener menos fracaso escolar. Sabemos que si a un niño lo introduces abruptamente en un contexto donde su lengua queda relegada sufre más fracaso escolar. Esto está probado. Y luego porque también tienen derecho a ser educados en su lengua materna. Especialmente, si ésta es la lengua oficial del Estado y de, al menos, el 50% de los catalanes. Al menos, que haya una presencia equilibrada de las dos lenguas. Porque, además, es mentira que el bilingüismo escolar vaya en detrimento del catalán. Si se les dedica el tiempo suficiente, se aprenden ambas lenguas sin problema.
Para algunos, un Estado plurinacional garantizaría la diversidad del país. Para otros, por el contrario, solo serviría para fortalecer a los soberanismos. ¿Quién tiene razón?
Yo soy muy poco partidario de debates nominalistas. Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nación? Existen 25.000 conceptos y explicaciones diferentes. Mientras unos defienden la nación en términos culturales, otros lo hacen en términos estatales. Así que, lo primero, es ponerse de acuerdo en qué significan las palabras.
Por otro lado, algunos alertan de que si se reconoce a una comunidad como nación, ésta lo tendrá más fácil para reivindicar el derecho de autodeterminación. Yo no pienso que sea tan determinante. En estos casos, el nombre no hace la cosa. Que cada uno se defina como se le antoje, siempre y cuando los términos estén claros. En este sentido, la solución que encontraron los constituyentes era inteligente: se hablaba de nacionalidades, a las que se otorgaba un contenido diferenciado, pero se huía de definiciones más grandilocuentes que no aportan nada.
El Pleno del Parlament ha pedido la libertad de los CDR que manejaban explosivos porque, según Junts Per Catalunya, Esquerra Republica y la CUP, fue una “operación contra el independentismo”. ¿Están en lo cierto?
No, obviamente. Pero hemos llegado un punto en el que cada uno habla para los suyos. Como cuando aseguran que los líderes del procés han sido procesados por sus opiniones políticas. Si realmente se juzgase a la gente por sus ideas, no existirían partidos independentistas: estarían prohibidos. Y si España no fuera una democracia, TV3 tampoco existiría. Pues lo mismo con esta nueva ocurrencia. Una cosa es que unos señores quieran manifestarse pacíficamente —pidiendo la autorización correspondiente y respetando las normas— y otra muy distinta es destrozar Barcelona o conspirar para —de momento, presuntamente— colocar explosivos.
En definitiva, son afirmaciones que carecen de cualquier soporte jurídico o moral. Sin embargo, como decía Orwell, “para los nacionalistas, sus asesinos son héroes”. Y quien lo dude, que recuerde lo ocurrido en el País Vasco.
Cataluña ha perdido casi 1.600 autónomos en 2019 mientras la Comunidad de Madrid ha ganado más de 5.000. Teniendo en cuenta que uno de las razones que impulsaron el procés fue la económica —el famoso “España nos roba”—, ¿no deberían los separatistas mostrarse más preocupados por esta cuestión?
No reflexionarán porque si hay menoscabo en la economía, el nacionalismo dirá que es por culpa de Madrid, que sabotea a Cataluña. Cualquier razonamiento es inútil. Dicho esto, el deterioro económico en Cataluña viene de lejos. Recordemos, por ejemplo, que en 1980 Cataluña representa el 19% del PIB español y Madrid el 14. A día de hoy, Madrid ha superado a Cataluña.
Por otra parte, si solo atendemos al factor económico, podemos llegar a conclusiones chocantes. Y es que Cataluña se desarrolló económicamente con políticas proteccionistas impulsadas en etapas autoritarias. ¿Qué pasa, que con Franco España no nos robaba?
Por lo demás, a un nacionalista de verdad no le preocupa la economía. Prefiere vivir como en el Sahara pero ser una nació a seguir como hasta ahora. Siempre recordaré un discurso en el que ETA afirmaba que no pararían “hasta que las cabras pastaran en Bilbao”. Esto denota la visión ruralista, carlista, del nacionalismo.
¿Y cómo valora el acuerdo entre PSOE y Podemos, así como la negociaciones con ERC?
En el acuerdo con Podemos —al menos, lo que se ha firmado oficialmente—, no se dice nada extraño. Son declaraciones genéricas que no me quitan el sueño. Otro asunto es lo que pueda derivarse de los acuerdos con Esquerra. En todo caso, también es de recibo reconocer que los comunes, pese a su postura ambigua, han impedido que el independentismo obtenga mayoría más amplias. Han desempeñado un papel de frontera. Por eso, me parece una barbaridad que los antinacionalistas más ortodoxos anatemicen a todo el mundo. Porque debe hacerse todo lo contrario: a los diferentes hay que integrarlos y ponerlos de tu lado. No olvidemos que Podemos y compañía tendrán sus posiciones diferenciadas, pero no son independentistas.
Dicho esto, todo el mundo está de acuerdo en qué debe haber diálogo político. Pero la clave es qué asuntos se abordan en dicho diálogo. Si en este solo se trata el referéndum de autodeterminación, evidentemente no soy partidario. Pero sí lo soy de que se aborden otros muchos asuntos. Y una reclamación que hay que poner urgentemente encima de la mesa es ésta: que Cataluña vuelva a ser una democracia en la que todos los catalanes, sin excepción, nos sintamos representados por el gobierno de la Generalitat.
Por Óscar Benítez
Twitter: @Oscar_Benítez_
‘Equidistantes exquisitos’ es el último libro de Antonio Robles, un ensayo que constituye, en palabras del economista Félix Ovejero, “un inventario del paisaje humano que allanó el camino a la locura nacionalista”. Cuenta con un prólogo del dramaturgo Albert Boadella. El PVP del libro es de 17 euros. Si desean pagar por tarjeta o paypal pueden hacerlo en este enlace del módulo de pago. Sigan los siguientes pasos: Pongan en el recuadro en blanco ("donaré”) el importe correspondiente al número de ejemplares que deseen (17 euros, si quieren uno; 34 euros, si quieren dos, y así sucesivamente). Pongan solo el número, no pongan la palabra “euros”. Sin añadir nada más hagan clic en el botón "donar". A continuación, le saldrá otra pantalla en la que le pedirán datos y pongan en el recuadro "información adicional" la siguiente información: "Libro Robles" y su dirección, código postal y un correo electrónico válido. Ha de escoger si quiere pagar por tarjeta de crédito o por paypal. Y luego dele a "realizar el pedido". Otra forma de adquirir el libro es escribiendo un correo a [email protected] y se les informará de otras formas de pago. El libro tardará unos 15 días, debido a la reducción del servicio de Correos. Si tienen dudas escriban al correo antes indicado.
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