El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha asestado un golpe definitivo a la estrategia de exclusión que el nacionalismo, con la complicidad necesaria del PSC, aplica en la administración pública. La ratificación de que exigir un nivel B2 de catalán en Vic (gobernada por Junts) para un operario de cementerio es ilegal supone un alivio para el Estado de derecho. Los magistrados han sido claros: imponer requisitos lingüísticos desconectados de las funciones reales del puesto vulnera la Constitución.
Esta sentencia ante el recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana confirma que el nivel adecuado para tareas manuales no es el B2, sino un A2 básico, ajustado a la naturaleza del trabajo. Elevar artificialmente estos requisitos no es un error administrativo, sino una restricción ilegítima para expulsar a ciudadanos del empleo público. Bajo el paraguas del Gobierno de Salvador Illa y los pactos con el secesionismo, el catalán se ha pervertido hasta convertirse en una aduana ideológica.
La resolución del TSJC no es un caso aislado, sino que se suma a la anulación de niveles excesivos para chóferes del ‘Parlament’ o cocineros. Se evidencia así una práctica sistemática de inflar las exigencias para utilizarlas como mecanismo de presión y discriminación. La Generalitat y los ayuntamientos socialistas parecen olvidar que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Desde Convivencia Cívica Catalana denuncian que estas trabas son un patrón extendido para purgar a quienes no encajan en el molde separatista. El presidente de la entidad, Ángel Escolano, celebra que los tribunales empiecen a poner freno a esta deriva autoritaria. No se trata de atacar la lengua, sino de impedir que se use como un mazo contra los derechos fundamentales de los trabajadores.
Gracias a la presión judicial de entidades civiles, ya son 23 los ayuntamientos que han tenido que rectificar sus bases de contratación. Localidades como Gerona, Roses o Salt se han visto obligadas a dar marcha atrás en sus pretensiones de imponer barreras lingüísticas ilegales. Estas rectificaciones demuestran que, cuando se aplica la ley, los abusos del nacionalismo no tienen sustento jurídico.
La ofensiva judicial no se detendrá aquí, ya que Convivencia Cívica Catalana mantiene impugnadas numerosas oposiciones en diversos municipios catalanes. El objetivo es claro: garantizar que cualquier español, hable la lengua que hable, pueda enterrar a sus muertos o conducir un coche oficial sin ser discriminado. La profesionalidad debe estar siempre por encima de la ingeniería social que pretenden imponer desde los despachos oficiales.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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