El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado el reglamento de participación ciudadana de Ada Colau e impone al Ayuntamiento de Barcelona el pago de las costas por el procedimiento iniciado por Abogados Catalanes por la Constitución y que ha supuesto a las arcas públicas del consistorio más de 5 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado la nulidad del Reglamento del Participación Ciudadana de la ciudad de Barcelona, impulsado en octubre de 2017 por el gobierno de Ada Colau.
El fallo, que tumba una de las propuestas estrellas de Colau para la Ciudad Condal, se produce dos años después de que Abogados Catalanes por la Constitución interpusiera el recurso contencioso administrativo contra la aprobación de un Reglamento que no ha seguido los cauces legales establecidos y que ha tratado de deslegitimar el interés de la propia asociación en la causa como demandante.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que el Reglamento de Participación Ciudadana de Barcelona es nulo de pleno derecho por ser contrario a Ley.
Señala el máximo órgano judicial de Cataluña que, en el procedimiento para su aprobación, el Ayuntamiento de Barcelona no respetó los mínimos trámites de legalidad que una Administración debe cumplir, en tanto desde el Ayuntamiento se fueron incorporando modificaciones sustanciales del Reglamento sin que éstas fuesen conocidas por la ciudadanía para evitar que, todo aquel ajeno al equipo de Colau y sus asociaciones afines, pudiese participar en la redacción de la norma.
La recurrente del procedimiento, la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, que vela precisamente por “defender los derechos políticos de los ciudadanos de Cataluña”, ha tenido que superar multitud de trabas que el Ayuntamiento le ha ido poniendo para evitar que defendiesen “las libertades de participación política de todos los ciudadanos”, como declaran desde la propia Asociación.
La última, cuestionar su legitimidad para participar, precisamente, en un procedimiento de participación ciudadana, hecho que ha sido puesto de manifiesto por el Tribunal señalando que la actuación del Ayuntamiento de Barcelona “no resulta coherente” cuando trata de promover la participación.
Además, los servicios jurídicos de esta Asociación se cuestionan ahora si la alcaldesa ordenará «seguir dilapidando fondos públicos para recurrir una sentencia ya de por sí justificada por los razonamientos del Tribunal Supremo, en aras de evitar la posible interposición de una querella contra Colau por malversación de fondos públicos que ya han comenzado a estudiar».
Y es que desde el Consistorio que ella dirigiría y pese a las advertencias legales recibidas, se destinaron más de 5 millones de euros a procedimientos de contratación (producción y logística de la multiconsulta, voto electrónico, envío de papeletas para una “ficticia futura votación”, etc.) amparados en un Reglamento hoy declarado nulo.
A ello se le suma que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal tendrá que pagar a la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución las costas de un procedimiento que ha acabado tumbando la principal apuesta política de Colau: celebrar una multiconsulta en base a un Reglamento que ni siquiera respetaba la legalidad.
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