El Tribunal Constitucional (TC) de Conde-Pumpido ha demostrado que no es más que una terminal más del sanchismo, y ha avalado la barbaridad jurídica de amnistiar a los golpistas del 1 de octubre. Así, su delito jamás existió, y avala la tesis del ‘lawfare’ defendido por los separatistas. Una amnistía borra el delito cometido, así que el referéndum ilegal del 1-O no merece ningún tipo de reproche. Así que las condenas del Supremo por sedición fueron ilegítimas.
Y, por lo tanto, el brillante discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017, en el que nos dijo a todos los catalanes que nos sentíamos desamparados tras el golpe separatista del 1-O que «no estábamos solos», es también ilegítimo. Si los golpistas son amnistiados, el Rey se extralimitó, porque condenó unos hechos que no merecían reproche penal. Cuando un dirigente separatista condene la actuación de Felipe VI ese día, ahora tendrá el aval del Constitucional.
Cándido Conde-Pumpido y la mayoría sanchista del Constitucional se han convertido en una pieza más en la deslegitimación de la Monarquía que están llevando a cabo la actual mayoría Frankenstein en el Congreso. Queda claro que la estrategia del PSOE y sus socios es ir desgastando a la Monarquía para intentar construir una República Confederal en la que el centro-derecha no pueda gobernar jamás. Y el TC se ha apuntado, de manera militante, a esta operación.
ERC y Junts, con Bildu en la trastienda, han conseguido lo impensable hace unos años: que el Constitucional avale su estrategia para impulsar referéndums de secesión – si es amnistiable, no es delito – y lo haga con el total apoyo de la maquinaria del Gobierno, en manos de un Pedro Sánchez dispuesto a dinamitar la convivencia entre los españoles. El golpismo secesionista ha conseguido una gran victoria, es tarea de todos los ciudadanos revertir esta situación plantando cara democráticamente a un Gobierno que ha decidido moldear la legalidad según sus intereses particulares.
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