En el cuerpo policial de la Guardia Urbana de Barcelona existe un importante malestar, hasta el punto que este pasado jueves el sindicato CSIF ha presentado una denuncia contra el gobierno municipal.
El motivo no es otro que unos 800 agentes del cuerpo han sido infectados por COVID-19. Desde este sindicato consideran que este hecho podría conllevar delitos contra la seguridad de los trabajadores, y ese es el motivo por el cual han presentado denuncia, según avanzan en Metrópoli Abierta.
En CSIF consideran que ha habido falta de previsión, improvisación y negligencia para proteger a los agentes de la Guardia Urbana, un cuerpo formado por unas 3.000 personas.
El sindicato denuncia que el gobierno municipal en un principio prohibía el uso de mascarillas, «la orden de la superioridad era la prohibición de la utilización de mascarillas y el argumento de la Jefatura era que dicha mascarilla creaba alarma social«, además denuncian que el equipo de gobierno de Barcelona fue incapaz de hacerse con los suficientes tests para la Guardia Urbana.
La alcaldesa de la ciudad es Ada Colau (Barcelona en comú), que gobierna en coalición con los socialistas catalanes, partido en el que recae la gestión de la Guardia Urbana. El concejal del área es Albert Batlle.
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